Luis Ernesto Pedernera Reyna, vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuestionó al gobierno de Dina Boluarte por no observar leyes del Congreso de la República y que vulneran a los menores peruanos.
“Yo quiero detenerme en las tensiones que existen hoy en el Congreso nacional. Están en debate muchos proyectos de ley, o han sido aprobados proyectos de ley que van contra los estándares planteados por la convención o los protocolos opciones”, acotó durante la sesión celebrada este lunes 20 de enero.
El experto recordó que grupos conservadores y antiderechos, que rechazan una supuesta ‘ideología de género’, han planteado propuestos referentes a los derechos del niño por nacer, la elección de los padres de los textos escolares, y la posibilidad de que menores de edad sean condenados como adultos.
Según Pedernera, estas iniciativas tienen como base, en parte, porque a estos políticos “les molesta la educación sexual y reproductiva”. Mencionó, además, que el comité que representa ya había expresado su preocupación por la imputabilidad de niños y adolescentes.
“¿Por qué el ejecutivo no cuestiona estos proyectos para que, en la segunda lectura, puedan tener un enfoque centrado en los derechos de niños y niñas? Según información que manejamos, todos han pasado la primera lectura y la segunda, sin ninguna objeción del Ejecutivo. Entonces, ¿El Ejecutivo está comprometido con una agenda de los derechos del niño? ¿El Ejecutivo considera que estos proyectos van en contra de lo que la convención? Entonces, ¿Por qué no los cuestiona para incorporar la perspectiva de los derechos del niño?”, dijo el vicepresidente del grupo de trabajo.
En otro momento, Pedernera comentó que luego de los asesinatos de más de 40 ciudadanos ocurridos en las manifestaciones sociales contra el gobierno de Dina Boluarte, recibieron una carta por parte del Movimiento de Niños de Trabajadores.
En la misiva del 22 de diciembre del 2022, los menores afirmaban que habían sido atacados con balas, perdigones y bombas lacrimógenas lanzadas incluso desde helicópteros. Estas acciones habían sido “perpetrados directamente contra nosotros sin ningún reparo”, según los denunciantes.
“Ellos nos indicaron en esa carta que como consecuencia de la represión policial, Romario, Jonata, David, Wilfredo y Beckam habían muerto. David era un niño trabajador. ¿Qué acciones ha tomado el estado para investigar estos hechos, determinar responsabilidades, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas?”, cuestionó el experto de la ONU.
Ejecutivo no responde ante cuestionamientos
El Poder Ejecutivo, representado por la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, evitó responder a las dudas políticas y se centró en nombrar los avances de su sector. Por ejemplo, citó una serie de iniciativas legislativas que se habían implementado, como la Ley que prioriza el interés superior del niño en procesos judiciales, el Decreto Legislativo para proteger a menores sin cuidados parentales y la Ley que prohíbe el matrimonio infantil.
Otro ejemplo de esta postura es que el vicepresidente del Comité preguntó cómo está afectando la politización partidaria al proceso de designación del defensor del Pueblo, pero tampoco hubo una respuesta de la ministra.
“La Defensoría del Pueblo ha vivido un proceso de tensión y politización. La última designación del defensor del pueblo, que es preocupante porque (esta) es una institución independiente, de acuerdo a los principios de París”, subrayó.
Una de las interrogantes que sí contestó Hernández fue referente al rol que viene cumpliendo la Adjuntía de la Niñez de esta entidad, que se encuentra vigente desde hace nueve años.
“Desde su creación ha emitido sostenidamente informes defensoriales temáticos, cuyas recomendaciones siempre han sido tomadas en cuenta por el Poder Ejecutivo”, dijo.
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