Expresidente del Congreso insinúa que Eduardo Salhuana podría estar involucrado en presunta red de prostitución

El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, afirmó que algunos legisladores podrían estar siendo extorsionados, como parte de un supuesto entramado de prostitución en el Parlamento.

Sostuvo, incluso, que hasta el actual titular del organismo, Eduardo Salhuana, puede estar involucrado. “Si es que no toma ninguna decisión, uno puede pensar cualquier cosa”, dijo en diálogo con RPP.

“Para qué la necesidad de contratar a estas señoritas que no tienen las credenciales para que ocupen algún cargo. No creo que sea para recortarles el sueldo y quedarse con la mitad de su sueldo. Probablemente, podría ser para que tengan algún tipo de vinculación con algún congresista y después tenerlo chantajeado para que este congresista vote como ellos quieren que vote”, cometnó.

Crisis en Alianza para el Progreso

El reciente viaje de Eduardo Salhuana, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, a China en medio de una grave crisis política, ha intensificado las críticas hacia su gestión.

Este viaje, a un encuentro con la Asamblea Popular Nacional, ha sido interpretado por diversos sectores como un intento de evadir responsabilidades en un momento crítico para el partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña.

El caso ha puesto en el centro de la controversia a Jorge Torres Saravia, señalado como el principal sospechoso de estar vinculado a esta red ilícita. Las acusaciones han escalado al punto de que Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, denunció que la Mesa Directiva estaría “protegiendo” a Torres Saravia. Esto ha incrementado la presión sobre Salhuana, quien ya enfrentaba cuestionamientos por el manejo de la crisis.

El asesinato de Andrea Vidal, ocurrido hace casi un mes, ha sido otro factor que ha agravado la situación. Las investigaciones sobre este caso no han avanzado significativamente, lo que ha generado frustración y desconfianza tanto dentro como fuera del Congreso. La falta de resultados concretos ha sido interpretada como una muestra de ineficiencia en la gestión de Salhuana, quien antes de su viaje a China intentó realizar cambios en la jefatura de la Oficina Legal y Constitucional, asegurando que acortaría su agenda para regresar al país lo antes posible.

Sin embargo, estas acciones no han logrado calmar las críticas. Según publicó el medio, las voces que exigen la censura de Salhuana se han multiplicado, reflejando un creciente descontento dentro de la bancada de APP. La dirigencia del partido, que ya enfrentaba tensiones internas, se encuentra ahora en una posición de extrema fragilidad.

Por su parte, Luis Valdez, secretario general de APP, ha intentado desvincular al partido de las acusaciones relacionadas con la presunta red de prostitución. “No tiene nada que ver”, afirmó Valdez al defender enfáticamente a la organización política.

Es en este contexto, que una de las figuras más importantes de la organización, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, renuncia al partido. El político se perfilaba a ser una de las cartas más importantes para la alcaldía de Lima. Ahora, no podría participar de los comicios al haberse vencido los plazos dispuestos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En las últimas declaraciones que dio a la prensa, Eduardo Salhuana, anunció este jueves la reorganización de la Dirección General de Administración del Parlamento, en el marco de estas denuncias.

De esta manera, explicó que con esta medida se procederá a la evaluación de los jefes de departamentos y áreas, entre ellos el director general de Administración, el Departamento de Tecnología de la Información, Departamento de Servicios Generales, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Logística y Departamento de Finanzas.

“Se está disponiendo la revisión general de los legajos del personal del Congreso y verificar la inexistencia de impedimentos para continuar laborando. Se verificará antecedentes penales, judiciales, policiales, registro de deudores alimentarios, registro de personas inhabilitadas para laborar en el Estado, y otros”, manifestó.