El año 2024 dejó en evidencia los profundos retos económicos y sociales que enfrenta el Perú. Desde una recaudación tributaria en declive hasta un aumento preocupante de la pobreza, pasando por una contracción económica histórica, el país se encuentra en una encrucijada que exige medidas urgentes para revertir esta tendencia.
¿Cómo comenzó el ejercicio? Pues con la confirmación de un panorama económico adverso. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) reportó que la recaudación tributaria en 2023 cayó un 12,3%, alcanzando solo S/147.246 millones (aproximadamente 38.600 millones de dólares), lo que representó una disminución de S/10.530 millones en comparación con el año anterior.
En febrero, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que el Producto Bruto Interno (PBI) de Perú había registrado una caída del 0,55% en 2023, el peor desempeño desde 1998, excluyendo el impacto de la pandemia. Este retroceso fue consecuencia directa de la crisis política que atravesó el país durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte.
En ese mismo mes, el entonces ministro de Economía, Alex Contreras, fue reemplazado por José Arista, quien enfrentó críticas desde su llegada al cargo. Según el Consejo Fiscal de Perú, Arista mostró a posteriori una postura débil frente a las decisiones del Congreso y otros ministerios, lo que agravó la situación fiscal del país.
En abril, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), liderado por Julio Velarde, logró un avance significativo al reducir la inflación al rango meta de entre 2% y 3%, tras tres años de inestabilidad postpandemia.
La economía no avanza y la pobreza se consolida
Sin embargo, este logro no fue suficiente para contrarrestar los efectos de la creciente pobreza. En mayo, el INEI reveló que la pobreza monetaria afectó al 29% de la población en 2023, lo que significó un aumento de 616.187 personas en comparación con el año anterior, alcanzando niveles similares a los de la pandemia. La presidenta Boluarte intentó retrasar la presentación de estos datos ante la PCM.
El manejo fiscal también fue motivo de preocupación. En mayo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó la regla fiscal que limita el déficit presupuestario, elevándolo del 2% al 2,8% del PBI para 2024.
En junio, Perú retrocedió ocho posiciones en el Ranking de Competitividad Mundial del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial de Suiza, ubicándose en el puesto 63 de 67 economías evaluadas. Este resultado reflejó una baja eficiencia gubernamental, según el informe.
Ese mismo mes, el grupo Southern anunció el reinicio de operaciones de la mina Tía María en Arequipa, previsto para los primeros meses de 2025, mientras que Petroperú presentó un nuevo directorio encabezado por Oliver Stark, quien propuso evaluar la quiebra y venta de activos de la estatal petrolera.
Segundo semestre del 2024: entrega a China
En julio, la presidenta Boluarte anunció la creación de un Ministerio de Infraestructura, aunque este proyecto no se concretó. En agosto, el Congreso ratificó una reforma al sistema de pensiones, aprobada previamente en junio con escaso respaldo legislativo.
Además, se implementó la llamada “Tasa Netflix”, que obligó a los usuarios de plataformas digitales como Netflix, Disney+ y Spotify a pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) por sus suscripciones.
En septiembre, el directorio de la petrolera estatal Petroperú, liderado por Stark, renunció tras la falta de apoyo del gobierno para implementar sus recomendaciones.
En octubre, se autorizó la segunda temporada de pesca de anchoveta, luego de que el sector pesquero cerrara 2023 con una contracción del 19,75 %, la peor en nueve años. Según se informó, el aumento en la población de peces se debió a la ausencia de las aguas cálidas provocadas por El Niño en el año anterior.
En noviembre, Perú fue anfitrión de la cumbre de APEC 2024, un evento que buscó fortalecer las relaciones comerciales del país, especialmente con China, en un contexto de creciente interés por parte del gobierno peruano en afianzar lazos con el gigante asiático.
Durante este mismo mes, se inauguraron las operaciones en marcha blanca del megapuerto de Chancay, una infraestructura que supedita al Perú a los designios del régimen chino con un trasfondo comercial y promesas de ensanchamiento comercial para Sudamérica. EEUU fue muy claro al advertir que se trataba una cuestión meramente “geopolítica”.
Finalmente, en diciembre, Boluarte anunció un incremento del salario mínimo, que pasará de S/1.025 a S/1.130 a partir de enero de 2025. Este ajuste salarial cerró un año que, pese a algunos avances, estuvo marcado por una profunda crisis económica y social que dejó a millones de peruanos enfrentando mayores niveles de pobreza y desigualdad.
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