Dirandro: Reino Unido deja de apoyar a equipo antidrogas de la Policía por ineficiencia en la lucha contra el narcotráfico

Aunque la apertura del Megapuerto de Chancay fue presentada como una ventana de oportunidades para mejorar la economía del Perú, también implica una oportunidad de negocios para los narcotraficantes. Es por eso que el inicio de su funcionamiento supuso un nuevo reto para la Policía Nacional: asignar a personal capacitado para que asuma funciones de seguridad.

Sin embargo, la respuesta de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP, fue la de priorizar la búsqueda de agentes que se ofrezcan voluntariamente a cumplir con estas funciones y que además vivan cerca a Chancay. Esto en lugar de asignar a quienes tienen mayores competencias o experiencia para cumplir esta labor.

Un informe de Perú 21 reveló que el motivo por el que al interior de la Dirandro se buscan a voluntarios en lugar de seleccionar a los agentes es porque “Chancay queda muy lejos” y el traslado del personal toma aproximadamente dos horas y media hasta el puerto, por lo que se busca que los agentes vivan en distritos cercanos como Ancón.

A una posible asignación de agentes de Dirandro no idóneos para realizar trabajos de seguridad y vigilancia en el Megapuerto de Chancay, también se suma un serio revés en la lucha contra el narcotráfico: el retiro del apoyo económico por parte del Reino Unido al Grupo Especial de Tarea Antidrogas en Aeropuertos (GETAA) que incluye precisamente a los agentes de la Dirección Antidrogas de la PNP como integrantes.

Aunque este grupo especial fue conformado en 2013 con la finalidad de ser temporal, fue oficializado desde el 2019 para tener el control permanente de las actividades de prevención contra el narcotráfico en aeropuertos, aeródromos y puertos como lo es Chancay.

La Dirección Antidrogas de la PNP es parte fundamental de este equipo y, con el financiamiento del gobierno de Reino Unido, los agentes recibían beneficios específicos como entrenamiento especial, sino también equipamiento tecnológico, dinero para alquileres de casas seguras e incluso bonificaciones especiales para cada agente.

Sin embargo, según el citado medio, existe una carta dirigida al general PNP Luis Flores Solis -director antidrogas- en el que se anuncia que se retirará el apoyo económico a los agentes de este equipo pues “se ha hecho evidente que el proyecto no está cumpliendo los objetivos y resultados establecidos”.

En la Amazonía peruana, al menos cinco proyectos viales ubicados en las regiones Loreto y Ucayali podrían beneficiar al narcotráfico y otras economías ilegales como la minería ilegal y a grupos armados de Brasil y Colombia, como el Comando Vermelho y las FARC, de acuerdo a un estudio reciente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú).

El informe ‘¿Hacia la resiliencia de las cadenas logísticas del narcotráfico y la minería ilegal?’, reveló cómo se vincularían estas obras con las cadenas logísticas del narcotráfico, y con las rutas de exportación de droga y oro.

Los cinco proyectos señalados son: Puerto Arica-Flor de Agosto, Bellavista-El Estrecho y Jerano Herrera-Colonia Angamos, localizados en Loreto; y Pucallpa-Cruzeiro do Sul y Pucallpa Puerto Breu, ubicados en Ucayali. Si bien se resaltan estas dos regiones, también se podrían ver afectadas 12 zonas cocaleras y ocho cuencas en Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali, Pasco, Junín y Cusco.

En entrevista con Infobae Perú, Ciro Salazar, consultor análisis sectorial y conflictos socioambientales de FCDS Perú, explicó que la culminación de estos proyectos dificultará la labor del Estado peruano, ya que tendrían una mayor cantidad de rutas para fiscalizar.

En junio de este año, el exsuboficial de la PNP, Elmer Gamarra, que recibió entrenamiento como agente antidrogas por la DEA, fue capturado por la Policía Nacional. Su caída significó además el descubrimiento de una red de tráfico ilícito de cocaína desde el Perú hacia Colombia y Brasil.

Según información policial, Gamarra Briceño fue capturado en Brasil por el secuestro y violación sexual de la colombiana Deisy Daniela Ramos, así como por los asesinatos de su pareja, Jhojan Rosero Gómez, y de su padre, Gustavo Rosero Pérez, también colombianos.

El expolicía habría cometido estos delitos junto a otros peruanos por un tema de dinero relativo a la venta de una finca en Atacuari, en Loreto (Perú), lugar que se usaba como laboratorio para procesar droga. La Policía de Brasil logró extraer y entregar a sus pares peruanos valiosa información del celular de Gamarra, a quien también llaman ‘Joao’ o ‘Patón’.

Los chats de WhatsApp encontrados en el dispositivo, que se produjeron cuando este aún era agente antinarcóticos, revelaron la implicación de al menos seis policías de la Dirandro de Perú que le cobraban una tajada de las ganancias ilícitas que obtenía Gamarra junto a su clan familiar por la producción y tráfico de cocaína que realizaban en colaboración con narcos extranjeros en la triple frontera entre el Perú, Brasil y Colombia.

Datos publicados por el Ministerio del Interior indican que solo durante este año se produjo la destrucción de 78,5 toneladas de drogas y superó su meta anual de 63,8 toneladas.

Esta última destrucción de drogas incluyó una variedad de sustancias: 817,75 kg de pasta básica de cocaína, 45,46 kg de clorhidrato de cocaína mezclada, 407,81 kg de pasta básica de cocaína con mezcla, 2.549,65 kg de cocaína en solución, 3.790,88 kg de cannabis sativa —comúnmente conocida como marihuana—, 8.03 kg de soporte sintético con clorhidrato de cocaína y 378.77 kg de soporte sintético de PBC; junto con pequeñas cantidades de éxtasis, amapola y otras drogas sintéticas.