El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el marco del caso ‘los Waykis en la sombra’. Por el momento, el investigado se encuentra en la clandestinidad.
Luego de que se hiciera oficial esta decisión, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, comentó que la mandataria se encuentra “consternada” por la situación de su pariente, pero que, a pesar de ello, continúa cumpliendo sus funciones. Asimismo, aprovechó el momento para compartir su solidaridad con la jefa de Estado, y aseguró que ella no tiene ninguna relación con las acusaciones que enfrenta su familiar cercano.
Por otro lado, Adrianzén afirmó que existe una campaña para destituir a Dina Boluarte de su cargo por incapacidad moral. En ese sentido, criticó la “judicialización de la política” en el país y sugirió que detrás de estas acciones hay intereses de aquellos que se han visto afectados por las decisiones del Poder Ejecutivo.
El premier también comparó la situación con intentos de derrocar gobiernos de manera inconstitucional en otras partes del mundo. Enfatizó que la tesis fiscal que busca vincular a la presidenta con las acusaciones contra su hermano es “afiebrada” y carece de fundamento.
No es la primera defensa
Las diligencias contra Nicanor Boluarte, y otros involucrados, se centra en el presunto uso ilícito de los cargos de prefectos y subprefectos para recolectar firmas en favor del partido del hermano de la mandataria, llamado Ciudadanos por el Perú. Esto implicaría el uso indebido de estos puestos para fines políticos.
Anteriormente, específicamente en enero de este año, la presidenta brindó una conferencia de prensa, donde expresó su descontento con la cobertura del caso de su familiar en los medios de comunicación. Incluso, llegó a criticar a América Televisión, especialmente al programa dominical Cuarto Poder, por lo que consideraba una campaña de difamación.
Dina Boluarte también confrontó a una periodista de este canal, acusando a la compañía mediática de no presentar pruebas concretas sobre las acusaciones que se habían hecho contra Nicanor. Por ello, insistió en que las investigaciones se basaban en testimonios de prefectos y subprefectos que, según ella, han sido seleccionados de manera tendenciosa para perjudicar a su hermano.
Abogados se pronuncian por clandestinidad
Los abogados de Nicanor Boluarte han negado conocer el paradero de su cliente, ahora que es requerido por la justicia para cumplir con una prisión preventiva.
En diálogo con Infobae Perú, Joseph Campos dijo que lamenta la decisión de su cliente de pasar a la clandestinidad, y criticó la decisión del Poder Judicial de imponer esta medida que no consideraba un “comportamiento autoritario”.
“No se puede aceptar que un fiscal pida tres años para investigar a costa de la libertad de la persona. No puede ser. Eso no se puede tolerar”, aseveró.
En consecuencia, cuestionó: “¿Quién le recupera esos tres años a la persona que sufrió prisión? Si luego lo declaran o lo absuelven o no, le pueden establecer la responsabilidad”.
“Esta práctica del Ministerio Público de pedir tres años para que metan a una persona en prisión para saber, luego de tres años, si debería estar en prisión. Eso es inaceptable en las sociedades democráticas y las sociedades constitucionales”, agregó.
Por último, aseguró que estamos en una sociedad “autoritaria que construye un mundo de buenos y malos, cuando los estados constitucionales existen solamente inocentes y culpables, y los inocentes son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
Otro miembro de su defensa legal, Luis Vivanco, comentó en conferencia de prensa que iban a esperar a que su apelación sea analizada por la Corte Superior y que, a partir de ese momento, se tomará la decisión de “someterse o no a la decisión del Poder Judicial”.
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