Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta del Perú, deberá afrontar 36 meses de prisión preventiva, en el marco del caso Los Waykis en las sombras, pero no es el único. El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, aprobó la solicitud del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en contra de cuatro implicados.
Al dar lectura de su decisión, el juez consideró que la medida es proporcional, ante los agravantes de peligro de fuga y perturbación de la actividad probatoria. Asimismo, destacó que de mantenerse en libertad, es bien probable que pongan en serio riesgo el éxito del proceso.
A todos se les atribuye el haber formado una presunta organización criminal para influir en la designación de prefectos y subprefectos. Según la acusación fiscal, también habrían intervenido en decisiones y contrataciones en Provías Descentralizado y el Instituto Peruano del Deporte (IPD), buscando mantener un control ilícito sobre estas instituciones. Además, se menciona que se habrían desplegado acciones para neutralizar opositores y consolidar su poder.
¿Quiénes son las personas a las que se dictó prisión preventiva?
A la decisión adoptada contra el hermano de la jefa de Estado, quien se encuentra como no habido desde hace un par de días, se suman Jorge Luis Ortiz Marreros, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, y Jorge Chingay Salazar. A todos se les dictó 36 meses de prisión preventiva.
A Ortiz Marrero, exdirector de Gobierno Interior, se le acusa de haber colocado a las personas que Boluarte Zegarra disponía. Aunque su defensa argumentó que el proceso de designación de prefectos y subprefectos fue regular, que algunas declaraciones no deben ser tomadas, que la evidencia digital no es fiable y que sería ajeno a los hechos de investigación porque no es parte del partido político, el representante del PJ desestimó todos sus pedidos.
Sobre el primer punto, indicó que hay caudal probatorio para determinar que el proceso no ha sido regular; mientras que sobre las declaraciones y evidencia indicó que fueron corroboradas con otros elementos. Asimismo, que su militancia no está en cuestionamiento, sino que haya sido captado para designar a las personas que contaban con la anuencia de Boluarte Zegarra, que le hacía llegar Víctor Torres Merino, quien hoy es colaborador eficaz.
“Se concluye sospecha grave sobre los delitos que se le atribuyen a Boluarte como a Jorge Luis Ortiz Marreros. En el caso de Nicanor existe alta probabilidad sobre su participación en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho activo genérico; mientras que a Ortiz se le atribuye organización criminal y cohecho pasivo impropio”, expuso Concepción Carhuancho.
A Zenovia Griselda Herrera Vásquez, sindicada como operadora de Nicanor, es señalada de ser la encargada de recolectar firmas de manera ilícita. A ello se le suma el haber seleccionado y propuesto a personas que cumplan con los objetivos propuestos por el familiar de Dina Boluarte como prefectos y subprefectos.
“La medida contra Zenovia Griselda Herrera Vásquez es indispensable dado que no es posible escoger una medida alternativa, ya que en libertad es probable que fugue. En libertad se pone en riesgo el éxito del proceso”, mencionó el juez.
En tanto, a Jorge Chingay Salazar también se le acusa de solicitar pagos ilícitos por designaciones. En su caso, el magistrado consideró que no habría acreditado a cabalidad su arraigo domiciliario ni laboral o económico, pero sobre todo, lo más alarmante es el riesgo de peligro de fuga. “En libertad es posible que pueda eludir las acciones de la justicia”, expresó Concepción Carhuancho.
¿Qué pasó con Mateo Castañeda y Noriel Chingay Salazar?
En el caso de Mateo Castañeda, sindicado como brazo legal de la organización, y Noriel Chingay, hermano de Jorge y acusado por lo mismo, su audiencia está programada para el viernes 22 de noviembre a las 10:00 horas.
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