Premier Gustavo Adrianzén responde a Corte IDH: “No reconocemos que ninguna autoridad supranacional dé órdenes a los poderes del Estado”

El premier Gustavo Adrianzén respondió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que a través de una carta exigió al gobierno de Dina Boluarte que garantice justicia para las víctimas de la masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Como se sabe, la comunicación entre las entidades peruanas y la Corte IDH inicia porque se ordenó al Estado peruano que no se otorgue vigencia a la norma aprobada en el Congreso, que busca la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002.

A raíz de este comunicado de la Corte IDH, tanto Alejandro Soto, expresidente de la Mesa Directiva del Congreso, como la jefa de Estado, enviaron una carta para rechazar el pedido.

“Por esta razón, deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y el control de los poderes públicos. Pretendería, más bien, constituirse al interior de nuestro Estado en un supra poder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar”, contestaron Boluarte y Soto.

Ahora, Nancy Hernández López, presidenta de la Corte IDH, explicó a Dina Boluarte que el Estado Peruano, al ser parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe cumplir las decisiones de la Corte IDH.

En conferencia de prensa, se consultó al primer ministro cuál es la posición del Poder Ejecutivo sobre al contenido de esta misiva.

Adrianzén contó que decidieron no observar la mencionada norma, aprobada por el Congreso, después de haber tenido un debate “muy intenso”.

“No lo ha promulgado la señora presidenta y de acuerdo con el reglamento, el artículo 80, el reglamento del Congreso, le corresponde ahora al Congreso de la República promulgar. Presumo yo que en los días próximos se produzca aquello”, detalló.

Negó que la ley aprobada por el Parlamento cause la inmediata prescripción de delitos de lesa humanidad.

También mencionó que el Estatuto de Roma y la Convención de Imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad entraron en vigencia en 2002 y en 2003, respectivamente.

“Sin prejuicio de lo anterior, yo no quiero dejar de mencionar que en el supuesto de que no se publicara la ley subsistiría el problema de la implementación del derecho internacional penal en el Perú. A la fecha no existe el delito de lesa humanidad ni tampoco el de crímenes de guerra (en el Perú)”, comentó.

Luego, indicó que el Poder Ejecutivo evaluará la aplicación de la mencionada ley cuando el Congreso la promulgue.

“Escuché también al presidente del Poder Judicial manifestar algo que es absolutamente cierto. Nosotros tenemos el control difuso que lo practica cada uno de los jueces. Si algún juez encontrara que esta ley no es acorde con la Constitución, simplemente no la aplicará para el caso concreto y demás”, opinó.