La Corte IDH respondió a Dina Boluarte y el Congreso: “Perú tiene la obligación de cumplir con las decisiones”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respondió a una carta enviada por la presidenta Dina Boluarte y Alejandro Soto, en su calidad de titular del Congreso, quienes acusaron al organismo de “desconocer la soberanía estatal y el principio de separación de poderes” y solicitaron que “corrija sus excesos”.

A través de la comunicación, la Corte IDH invocó la garantía de justicia a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, en relación con la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, subrayando la importancia de que el Estado peruano reitere su firme adhesión al sistema y su compromiso con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales similares.

Asimismo, recordaron la relevancia del artículo 68 de la Convención Americana, que establece la obligación para el Perú, como Estado Parte, de cumplir las decisiones del tribunal, incluidas las medidas provisionales dictadas. Este cumplimiento debe realizarse de buena fe y es vinculante para todo el Estado, lo que incluye a los poderes, órganos, instituciones y autoridades públicas.

“De acuerdo al derecho internacional no es posible alegar disposiciones de orden interno para incumplir con obligaciones internacionales”, señala la carta firmada por Nancy Hernández, presidenta de la corte interamericana.

En ese sentido, expresaron su convencimiento de que el Perú, siendo un Estado de derecho y frente a su historia de resiliencia en materia de derechos humanos, hallará la forma de cumplir con sus obligaciones internacionales, en particular con las disposiciones especificadas en la resolución de 1 de julio de 2024. Esto con el objetivo de evitar que los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta queden en la impunidad.

Como parte de la evaluación de medidas provisionales para determinar si persisten los requisitos que motivaron su adopción inicial: extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño, se otorgó al Estado peruano un plazo, que vence el 9 de agosto de 2024, para remitir un informe.

En ese marco, la Corte IDH espera que el Estado peruano identifique y detalle las acciones, medidas o decisiones tomadas para dar cumplimiento eficaz a sus obligaciones, y que informe al tribunal para que estas sean valoradas adecuadamente por el pleno.

Como se recuerda, en la resolución del 1 de julio de 2024, la Corte IDH señaló la importancia de evitar la impunidad en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, los cuales corresponden a sucesos de notable notoriedad en la historia reciente del Perú. Las víctimas y sus familias tienen derecho a un acceso efectivo a la justicia, tanto a nivel nacional como en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En esa línea, requirió al Estado peruano que, “a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia” al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad e instó a anular “otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos”.

La resolución exigió, además, que las representantes de las víctimas presenten sus observaciones a partir de la notificación de los informes del Estado. Una vez teniendo ambas partes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitirá sus observaciones en un plazo de dos semanas.

La ley en discusión fue aprobada en junio pasado, en primera votación, pese a que el tribunal ya había requerido al Perú suspender el trámite del proyecto para contar con “todos los elementos necesarios” para pronunciarse sobre su impacto en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, y respecto a una solicitud de medidas provisionales, las cuales son dictadas en casos de extrema gravedad y urgencia.