Abogado de Dina Boluarte acusa al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, de ser un operador político

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, expresó su desacuerdo con la reciente denuncia constitucional presentada contra la presidenta por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en relación con las muertes ocurridas durante las protestas. Según el letrado, la acusación de homicidio calificado no cuenta con una base sólida y muestra indicios de una politización del caso por parte del Ministerio Público.

“El fiscal se ha convertido nuevamente en un político de la institución, ha deshonrado al Ministerio Público con una denuncia con ese contenido y creo que la academia debería estar absolutamente alarmada por la orfandad intelectual, así lo califico, en cómo se ha construido la imputación”, mencionó en declaraciones a los medios.

Precisó que, en una denuncia previa por genocidio relacionada con los mismos eventos, la Fiscalía determinó la inexistencia de dolo; es decir, la falta de intención de causar muerte o lesión. Sin embargo, ello fue “olvidado olímpicamente”, por el fiscal.

Asimismo, sostuvo que la nueva denuncia, presentada justo después de las celebraciones nacionales, podría estar motivada por objetivos políticos más que por una búsqueda genuina de justicia. “Qué coincidente y conveniente que la denuncia se presente un día después de Fiestas Patrias. En política no hay coincidencias, qué lástima que el Ministerio Público utilice esa fecha, este solo hecho deslegitima su demanda”, mencionó.

En defensa de Dina Boluarte, Portugal manifestó su confianza en que el Congreso de la República declarará inadmisible la denuncia bajo el artículo 89 de su reglamento. “Estoy seguro que se rechazará. Le van a decir al fiscal ‘no me traigas cualquier cosa’. Si es que vas a imputar un delito de esa naturaleza, de esa magnitud, tienes que imputar la estructura, la intención, no hacer una imputación de bloque como está en esa denuncia constitucional”, declaró.

Como se recuerda, la denuncia presentada por las muertes de 49 personas durante las protestas entre diciembre de 2022 y enero de 2023 fue conocida dos horas después de que su otro abogado, Joseph Campos, anunciara el archivamiento de la investigación por genocidio en contra de la dignataria.

La denuncia constitucional también alcanza a varios exministros del gobierno de Boluarte, según la información oficial de la Fiscalía. Estos altos funcionarios son señalados como “presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado”.}

Entre los altos exfuncionarios se encuentran: Pedro Angulo Aranda y Alberto Otárola como titulares de la PCM; Alberto Otárola y Jorge Luis Chávez como ministros de Defensa; César Cervántes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero como ministros del Interior.

Estos actos delictivos habrían ocurrido durante las protestas registradas en múltiples regiones del país, que dejaron un saldo trágico de 44 personas fallecidas por disparos y 3 más por golpes con objetos contundentes. También se contabilizó que otras 116 personas resultaron con lesiones de diversas magnitudes.

Las regiones afectadas por la violencia de las protestas incluyen Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad, abarcando un amplio espectro geográfico de Perú. La magnitud y la letalidad de los enfrentamientos reflejan la profundidad de la crisis que enfrentó el gobierno de Boluarte desde sus primeros días.