Área de conservación en San Martín sufre otro ataque de tala ilegal: responsable se ampara en ‘Ley Antiforestal’

Autoridades constataron que más de 500 árboles fueron talados ilegalmente con motosierras. Esto pese a que la deforestación en áreas protegidas constituye un delito, de acuerdo a la ley peruana

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El área contiene una muestra
El área contiene una muestra representativa de los bosques nubosos montanos tropicales, propios de la zona norte del Perú. Fotos: Gob.pe/Inforegión/Composición Infobae

El impacto de la entrada en vigencia de la ‘Ley Antiforestal’ —aprobada por el Congreso de la República— es real. Nuevamente, el Área de Conservación Regional (ACR) Cordillera Escalera, ubicada en el sector Alto Progreso de la región de San Martín, ha sido atacada por la tala ilegal.

De acuerdo a la agencia de prensa ambiental Inforegión, el sábado 13 de julio las autoridades constataron que más de 500 árboles de diversas especies fueron talados utilizando motosierras. Juan Víctor Vargas Pérez, residente del caserío Progreso, fue identificado como responsable del hecho. Este argumentó que la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre lo ampara.

Como se recuerda, esta norma ha sido fuertemente criticada por los pueblos indígenas y la sociedad civil por promover la deforestación ilegal en la Amazonía mediante la formalización de propiedad de la superficie forestal, pero sin los requisitos técnicos necesarios.

Además, con la legislación, se teme el posible archivamiento de investigaciones y juicios contra taladores ilegales y empresas acusadas de deforestación ilegal.

Cordillera Escalera es una zona
Cordillera Escalera es una zona prioritaria para la conservación de mamíferos, anfibios, reptiles y aves, ya que allí viven especies de distribución muy restringida. Fotos: Inforegión/Composición Infobae

¿Cuáles fueron las especies afectadas?

Javier Sinti Flores, gerente del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (Pehcbm) del Gobierno Regional de San Martín, indicó que constataron los hechos durante un patrullaje rutinario.

El delito fue denunciado ante la Policía Ecológica, quienes se trasladaron al lugar, situado cerca del kilómetro 27 de la carretera Tarapoto–Yurimaguas, para verificar la situación.

El daño incluye troncos de diámetros entre 15 y 80 centímetros y fustes de hasta 20 metros de longitud. Entre las especies afectadas se encontraron moena blanca, moena amarilla, shimbillo, colorado, pona y lagarto cocha.

Esta área de conservación regional
Esta área de conservación regional es fuente de abastecimiento de numerosos bienes y servicios, tales como el agua y las semillas, para comunidades nativas. Fotos: Inforegión/Servindi

Ataque se suscitó pese a ley de protección

Frente a los hechos, el Gobierno Regional de San Martín —la región con mayor deforestación por agricultura a gran escala que ha presentado una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ‘Ley Antiforestal’— reiteró su compromiso con la protección del ambiente.

Asimismo, recordaron que existe una ley, la Ley N° 32088, destinada a la protección y conservación del ACR Cordillera Escalera, que busca salvaguardar los servicios ambientales esenciales para las ciudades de Tarapoto y Lamas.

En esa línea, con el fin de fortalecer este compromiso, el Gore San Martín aseguró que actualizará el plan de gestión del área —también llamado Plan Maestro— para garantizar la protección y restauración de los bosques y cuencas hidrográficas, tales como la quebrada Tiracu, que se une al río Caynarachi.

Deforestación ilegal en el Área
Deforestación ilegal en el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. Fotos: Andina

Tala ilegal aumenta en Cordillera Escalera

Este no es el primer ataque que enfrenta esta área de conservación regional. El mes pasado, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Martín verificó una la tala ilegal de más de 1.000 hectáreas en un punto vital para el abastecimiento de agua de más de 150 mil 000 personas en comunidades aledañas.

Y, además, se confirmó la siembra de cultivos sin autorización. En este caso, los infractores defendieron también sus acciones argumentando que operaron bajo la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Esto pese a que la deforestación en áreas protegidas constituye un delito, independientemente de la interpretación que los infractores hacen de la ley peruana.

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