Aunque el juicio oral por el caso Cócteles continúa en etapa de alegatos, la penalista Romy Chang sostuvo que hay altas probabilidades de que sea archivado por la “carencia técnica” del integrante del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez. De acuerdo a la abogada, hasta el momento, el fiscal ha presentado un discurso más político que jurídico, sin ahondar propiamente en el origen y pruebas de las acusaciones contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Mark Vito y otros implicados.
En entrevista con Expreso, la letrada sostuvo que el accionar de Domingo Pérez “deja mucho que desear porque a él le correspondía hacer un alegato de apertura; es decir, explicar cuál es el delito que para él se ha cometido, cómo es que se ha cometido, quiénes lo han cometido y cuáles son los elementos de prueba que lo respaldan”, pero no brindó dichos detalles.
“La idea es que introduzca a los magistrados en su caso, cómo lo va a probar y qué tiene para ello. Pero el problema es que no hemos visto eso, sino mucha carencia técnica. Se ha visto, lamentablemente, comentarios de naturaleza política. Por ejemplo, mencionar a Alberto Fujimori, lo cual era totalmente irrelevante”, explicó.

Advirtió que el error del fiscal es “haber hecho tan grande este caso”, el cual representa grandes gastos al Estado. “A mí me es ajena la persona que esté procesada, lo que hay que mirar, y creo que a veces pasa desapercibido, es que estos procesos nos cuestan al Estado un montón de plata. Es dinero que pagamos todos los peruanos y se puede invertir en alimentos para que los niños no tengan anemia, en colegios mejor estructurados, etc. Llevar a cabo un juicio de estas dimensiones, para, al final, tener una absolución, sería terrible para todos, sería plata al agua”, sostuvo.
“Él tenía inicialmente una investigación, donde el tema central era el dinero recibido de Odebrecht, pero luego empezó a investigar todos los aportes de campaña, a pesar de que esto no era delito en el tiempo en que se hicieron. Ahora tenemos mil testigos de su parte y hay una incoherencia: a los empresarios que supuestamente habrían lavado dinero no se les denunció”, agregó.
Consultada sobre si considera que el caso sería archivado, mencionó que sí. “La única esperanza para el fiscal es establecer con claridad que el dinero de alguna de las personas que le donó a Keiko haya sido negro”, opinó.

Recordó que, para que se dé el delito de lavado de activos, Keiko Fujimori tenía que haber presumido que los montos recibidos por Odebrecht eran de fuente ilícita. Sin embargo, remarcó que, “en esa época, Odebrecht no era considera una empresa corrupta”.
“No está preestablecido que el dinero de Odebrecht sea negro. […] Ellos no lo han admitido; es más, ellos dicen que no es así, que este dinero venía de sus ingresos bien habidos y que invirtieron sus utilidades para asegurarse contratos es otra cosa. […] Él mismo tiene en su teoría del caso cierta contradicción que le va a ser difícil de arreglar”, recalcó.
Precisó que no es suficiente que el dinero inyectado a las campañas de Fujimori de los años 2011 y 2016 no haya sido bancarizado, ya que ello no es un delito, sino una “infracción administrativa”.
“Por ejemplo, la norma dice que toda compra debería hacerse a través del sistema bancario, pero el que alguien adquiera un celular con dinero en efectivo no es un delito. El hecho de que no se cumpla [la bancarización] no hace que inmediatamente sea un delito de lavado de activos. En el caso de Keiko Fujimori, es lógico que no se haya bancarizado porque había un delito que es falsa declaración del procedimiento administrativo y falsedad genérica, ya que los aportantes no querían que su identidad sea revelada, pero eso no es lavado de activos”, sentenció.
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