Durante la audiencia virtual del juicio oral por el Caso Cocteles este miércoles 10 de julio, la Procuraduría de Lavado de Activos exigió que se imponga una reparación civil de más de 151 millones de soles contra Keiko Fujimori y los más de 40 coacusados, en favor del Estado. Esta suma obedece a la ejecución de cuatro delitos: organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y obstrucción a la justicia.
La procuradora especializada María Camus Dávila detalló las bases para el cálculo del monto exigido, siendo el más significativo el correspondiente al delito de lavado de activos, estimado en 138 millones 841 mil 024 soles. Debido al daño significativo causado al país, se ha estimado un monto equivalente al doble del dinero lavado por la organización.
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Además, la representante del Estado explicó que los procesados deberán pagar 2 millones 223 mil 969 soles por organización criminal vinculada al partido Fuerza Popular. Por este delito se estableció un monto de reparación correspondiente al 2% de los fondos recibidos.

Por el tercer delito, obstrucción a la justicia, se toma en cuenta el doble del pago realizado por Fuerza Popular al estudio de abogados Arsenio Oré Guardia por servicios de asesoría legal, y se calcula una suma de 305.856 soles. Y por la cuarta imputación por el delito de falsa declaración, se ha considerado una suma equivalente al 50% de los aportes falsos que Fuerza Popular habría declarado ante la ONPE, lo que se traduce en un pago de 9 millones 692 mil 652 soles.
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La audiencia se retomará de forma presencial el próximo lunes 15 de julio, a partir de las 9 a.m. En esta sesión, se presentarán las defensas de Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Arsenio Oré Guardia y del partido Fuerza Popular, según anunció la jueza Juana Caballero.
El fiscal José Domingo Pérez presentó previamente la acusación, pidiendo la disolución del partido Fuerza Popular por considerarlo un instrumento para lavar activos y cometer otros delitos.

Fiscal pide disolución de Fuerza Popular por lavado de activos
En el cuarto día de la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez solicitó la liquidación del partido político Fuerza Popular, bajo acusaciones de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia. Este pedido se enmarca en el caso denominado “Cócteles”, que involucra a la líder de la agrupación, Keiko Fujimori.
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Pérez acusa a Fuerza Popular de haber sido utilizado para cometer delitos y obstruir procedimientos judiciales, mediante la instrumentalización de sus cuentas y recursos. Según la denuncia presentada por el fiscal, la agrupación facilitó operaciones ilícitas para proteger a sus integrantes, como se ha detallado en la jornada del juicio en contra de Keiko Fujimori.
Además, se argumenta que la influencia de Fuerza Popular en instituciones del Estado y su participación en la aprobación de leyes y modificaciones de dictámenes beneficiaron a los intereses de Fujimori, configurándose así una organización criminal, según anunció el Ministerio Público.
El fiscal también exige la disolución de la entidad MVV Bienes Raíces, señalando que fue empleada para blanquear más de 2 millones de dólares a través de corretajes ficticios. Pérez afirmó que “por el delito de lavado de activos agravado por organización criminal, Mark Vito utilizó esa entidad para convertir 2 millones 192 mil 859 dólares mediante operaciones ficticias”.
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La acusación abarca diversas actividades ilícitas atribuidas a individuos y grupos relacionados, incluyendo la falsa declaración en procedimientos administrativos, contribuyendo en la obstrucción de la justicia, según los informes presentados.
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