Dina Boluarte usa cargo de presidenta para intereses personales: especialistas cuestionan demanda competencial ante el TC

La demanda competencial que la presidenta Dina Boluarte ha planteado en contra de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial mediante encargo al Ministro de Justicia, ha puesto sobre la mesa una serie de acciones que diferentes miembros de las instituciones han estado interponiendo ante el TC a fin de saltarse el proceso regular apoyándose en el poder que ostentan. Ello debido a que esta acción, planteada ante la inminente presentación de una acusación constitucional en su contra por parte del fiscal Juan Carlos Villena en el marco del Caso Rolex.

Según lo advertido por los especialistas en derecho constitucional Luciano López y Beatriz Ramírez, en diferentes programas digitales, estas acciones han empezado a tomarse como una manera de evadir procesos de preservación de derechos constitucionales ante el Poder Judicial, que es la entidad competente para atenderla; a fin de que sean directamente atendidos por el Tribunal Constitucional, una entidad que no goza de la autonomía esperada, pues sus integrantes están sujetos a la elección del Congreso de la República.

Demanda Competencial es un mal empleo de los procesos

Para el constitucionalista Luciano López, quien opinó de este hecho en el programa digital El Búnker; en lo que Boluarte Zegarra ha incurrido al intentar saltarse procesos de amparo o tutelas de derecho ante el Poder Judicial, es en una “una mala instrumentalización del proceso competencial”, que debía ser usado solo en casos extremos y cuando la institucionalidad de un órgano estatal se vea amenazado; no en el caso de que se efectúen investigaciones que pesan contra la persona que ocupa el cargo.

“Lo que dice el Ministro de Justicia, es que le están pidiendo al Tribunal Constitucional que él aclare que durante ese mandato la presidenta no puede ser tocada en ninguna investigación siquiera por esa situación, porque la Fiscalía de la Nación ha cambiado el criterio que tenían los anteriores fiscales de que nunca se debía tocar al presidente. Creo que aquí hay un mal uso del proceso competencial porque esta discusión sobre la investigación, si se procede o no procede la investigación preliminar, ya la dilucidó la corte suprema”, precisó el constitucionalista.

Sobre ello, la también especialista en temas constitucionales, Beatriz Ramírez, acotó en el programa web Solo por Trolear, que esta actitud de intentar atajar las acciones del Poder Judicial empezaron a ser usadas por la exfiscal destituida Patricia Benavides, quien puso “un proceso competencial ante el TC, pero básicamente para su defensa, trazando toda una argumentación de que la JNJ obstruía las competencias administrativas del Ministerio Público”.

“En el fondo, a quien se quiere proteger de una investigación muy concreta, en una circunstancia muy concreta, es a la que hoy día ejerce la presidencia; que es la señora Dina Boluarte por el presunto favorecimiento de su hermano, y haber recibido joyas muy caras. Ella es la que tiene problemas muy concretos por los que responder a la justicia y justo en ese marco, nos quieren vender que hay un problema de interpretación constitucional con las competencias del Ejecutivo; cómo el Ministerio Público hace la investigación del delito y como el Poder Judicial le autoriza hacer la investigación del delito”, detalla la constitucionalista en dicho medio.

Dina Boluarte “instrumentaliza lo público en favor de lo privado”

Para López, estas acciones dan a entender que lo que anuncia Boluarte es: “No me gusta lo que pasa en el proceso judicial, yo tendré derecho a apelar, pero no voy a seguir esa instancia. ¿Por qué? Porque voy a atajarlo, voy a ir a este Tribunal Constitucional, que por lo visto está dando este tipo de cosas, así que me voy por ahí cortando camino”, acotó.

Sin embargo, señaló que, esta es la situación perfecta para que la misma institución del Tribunal Constitucional demuestre una independencia que se ha puesto en duda con sus últimas acciones, rechazando el pedido de la mandataria.

En tanto, Ramírez consideró que si la presidenta “Dina Boluarte se quiere defender, tiene derecho a defenderse. Que ponga su amparo, que use su tutela de derechos y (...) establecer todos tus mecanismos de defensa, ya está. Pero esto de querer hacer pasar por cosas institucionales lo que no es, creo que es querer tontear a la ciudadanía e instrumentalizar lo público a favor de lo privado”.

Ante estos serios y graves cuestionamientos respecto a las reales intenciones de Boluarte para presentar la polémica medida constitucional, el abogado de la presidenta, Joseph Campos, aseveró no tener conocimiento de la medida competencial; sin embargo, consideró que no se trataría de una medida para proteger a la presidenta Dina Boluarte como persona, sino a hacer valer su derecho a gobernar.

“El conflicto competencial no sirve para proteger a la persona de Dina Boluarte, sirve para proteger la institución presidencial, para que se le permita desarrollar conforme a la Constitución, el deber de gobernar; no conociendo el texto expreso de la demanda del conflicto competencial. Creo que girará en torno a que debe haber una forma correcta de investigar a un Presidente de la República cuando se le investiga por los delitos que no están establecidos, para evitar investigaciones inoportunas, investigaciones sin delitos, para evitar los allanamientos apresurados e irresponsables”, afirmó en una entrevista para RPP.