Caso Quinto Inuma: familiares retornan a su comunidad, pero sin medidas de protección frente a taladores ilegales

El último viernes, Quinto Inuma Alvarado, defensor indígena kichwa asesinado en noviembre de 2023, fue recordado por sus familiares, quienes tras cinco meses y varios intentos fallidos, lograron retornar en un vuelo humanitario gestionado por el Gobierno a su comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín.

Desde finales de febrero, Manuel Inuma —hermano del fallecido líder que luchó en vida contra la tala ilegal— había estado pidiendo apoyo al Ministerio de Justicia y a la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos para que su familia pudiera volver a su territorio.

Pues, de acuerdo al Instituto de Defensa Legal (IDL), desde hace seis meses, esta se refugiaba en la ciudad de Tarapoto, junto a otros miembros de la comunidad, debido a amenazas por parte de individuos presuntamente vinculados al asesinato de Inuma, ocurrido el 23 de noviembre del año pasado.

Esto, después de una reunión en Pucallpa, Ucayali, a la que el defensor ambiental había asistido para discutir temas relacionados a la defensa de sus tierras ancestrales.

De acuerdo a IDL, a pesar de tener medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las advertencias de relatores de las Naciones Unidas, la falta de una respuesta rápida del Mininter retardó la implementación de un operativo de seguridad adecuado, aludiendo restricciones logísticas y falta de personal.

Asimismo, el vuelo humanitario —previsto por última vez para el 15 de mayo— tuvo que ser reprogramado debido a condiciones climáticas adversas.

No obstante, el viernes 17 de mayo, la Policía Nacional finalmente logró coordinar el retorno de los familiares a su comunidad, llevando consigo alimentos y otros suministros necesarios.

Mientras tanto, los presuntos responsables del asesinato, Belustiano Saboya Pisco y Segundo Juan Villalobos Guevara, siguen en libertad, incrementando el riesgo para la comunidad kichwa. Y, por otro lado, se mantiene estancado el proceso de titulación colectiva de tierras en Santa Rosillo, una medida crucial para la protección de sus derechos territoriales.

“Queremos justicia. No queremos más muertos. Mi papá siempre ha pedido ayuda, ha enviado coordenadas exactas, fotos, vídeos, evidencias y aún así lo han ignorado”, agregó el joven kichwa.

En el marco de este caso, la CIDH y la ONU han resaltado la posible violación de derechos humanos ante la inacción del Estado peruano frente a las amenazas constantes que enfrenta la comunidad indígena debido al avance de la tala ilegal.

Pues, la ONU solicitó información al Gobierno sobre las medidas adoptadas para proteger a la comunidad a comienzos del año, sin obtener una respuesta inmediata. Mientras que la CIDH, por su parte, otorgó medidas cautelares para amparar a las familias afectadas por el peligro que las economías ilegales, especialmente la tala, representan en su territorio.