Dos organismos internacionales han instado al Gobierno a salvaguardar a la comunidad indígena kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, ubicada en la región de San Martín, tras el asesinato de su líder, Quinto Inuma Alvarado, hace cuatro meses.
Esto sucedió luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concediera medidas cautelares a las familias de la comunidad por estar expuestas a un entorno de alto peligro por el avance de las economías ilegales, entre ellas la tala ilegal.
A su vez, la Relatoría Especial de la ONU reveló que en enero de este año solicitó al Poder Ejecutivo información sobre las acciones tomadas para proteger a los miembros de la comunidad tras el asesinato de Inuma Alvarado, pero no recibió respuesta hasta dos meses después.
Ambos organismos advierten que la inacción del Estado en este caso podría haber violado numerosas leyes internacionales de derechos humanos.
Más de 20 personas de la comunidad están refugiadas
Cristina Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) —quienes vienen acompañando el caso— ha señalado que, en el contexto del asesinato del líder kichwa Quinto Inuma, hoy en día, más de 20 miembros de la comunidad se encuentran refugiados en la ciudad de Tarapoto.
Tras darse a conocer este hecho, la CIDH ha subrayado la necesidad que las medidas de protección implementadas les permitan regresar a su comunidad, una acción crucial para evitar fragmentaciones sociales y preservar el liderazgo y el trabajo que han realizado a lo largo de los años en defensa y reconocimiento de su territorio.
Asimismo, IDL sostiene que los llamados de ambos organismos internacionales en respuesta a la situación de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu evidencia el grado de desamparo estatal en el que la población indígena se ha visto expuesta durante años a la violencia perpetrada por grupos dedicados a la tala ilegal.
Nada se hizo para evitar muerte de Inuma, aseveran ONU y CIDH
Si bien se han presentado numerosas denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de San Martín, los compromisos de intervención de las autoridades para frenar las agresiones de los madereros ilegales contra la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu no se han cumplido adecuadamente.
Desde abril de 2018, los ataques han seguido escalando hasta el asesinato de Quinto Inuma, el 29 de noviembre de 2023, en el distrito de Huimbayoc, en la región San Martín.
Por ello, la respuesta institucional ante las constantes amenazas hacia los defensores indígenas sigue siendo cuestionada, más aún luego que la Relatora Especial de la ONU resaltara que, a pesar de que las autoridades estaban al tanto de la situación, el Estado peruano no tomó medidas suficientes para prevenir la muerte de Inuma Alvarado.
Además, el suceso evidenció la falta de eficacia del Mecanismo Intersectorial para la protección de los defensores de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
Solicitudes de protección en el olvido
En la misma línea, también se sabe que existen otras solicitudes de seguridad por parte de comuneros, que también fueron amenazados, que permanecen sin respuesta efectiva.
Dichas amenazas son principalmente atribuidas a operativos de tala ilegal, como represalia a las denuncias realizadas por la comunidad ante las actividades ilícitas en su territorio.
Por tal razón, la CIDH exhorta al Estado a ofrecer información detallada sobre el plan que se está llevando a cabo para investigar las medidas adoptadas para evitar que la situación de peligro continúe en aumento.
Así como sus iniciativas para atender las consecuencias de los desplazamientos, las causas subyacentes que los provocan, y la inseguridad de los ciudadanos indígenas afectados a largo plazo.
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