La Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), mediante un pronunciamiento, se mostró a favor de que el Poder Judicial realice una investigación exhaustiva de los hechos presuntamente delictivos que se vinculan con la presidenta de la República, Dina Boluarte, y con las consecuencias legales que ello amerite.
En su comunicado, la Asamblea menciona un presunto incremento patrimonial no justificado, cuyo origen no estaría acreditado. En ese sentido, también indican que no respaldarán “actos manchados de ilegalidad que pongan en peligro la gobernabilidad y la estabilidad del país”.
Como se recuerda, El Comercio reveló que, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Boluarte habría recibido hasta S/ 1.1 millones de origen desconocido, entre los años 2016 y 2022.
La mandataría tendría en total 11 cuentas bancarias a su nombre, de las cuales cuatro las compartiría con otras personas. Aquí, habría recibido abonos en efectivo por 1 millón 97 mil 200 soles y 2.200 dólares.
Por otro lado, en las siete cuentas individuales a su nombre hubo una transacción de 180.143 soles y 2.200 dólares hasta el 2021, el año en que la jefa de Estado dejó de ser jefa zonal del Reniec, con un sueldo bruto mensual de 4.500 soles.
El actual consejo directivo de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales está compuesto de la siguiente manera:
- Presidente: Werner Salcedo Álvarez (Cusco)
- Vicepresidenta: Rosa Vásquez Cuadrado (Lima Regiones)
- Secretaria: Gilia Gutiérrez Ayala (Moquegua)
- Directores: Gilmer Horna Corrales (Amazonas), Jorge Chávez Silvano (Loreto), Leoncio Huayllani Taype (Huancavelica), Jorge Pérez-Flores (Lambayeque); y Walter Grundel Jiménez (San Martín).
Boluarte todavía no se ha pronunciado sobre el origen de los relojes de lujo, sobre todo cómo fueron adquiridos. Por el momento, solo ha mencionado que el artículo “es de antaño”, aunque en realidad se trataría de un modelo posterior al año 2021.
Premier se pronuncia sobre acusaciones
Este domingo 24 de marzo, Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, se pronunció sobre las acusaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte, exactamente, sobre la posesión no declarada de relojes de lujo y la recepción de fondos sin origen claro.
En ese sentido, el premier sostuvo que estos escándalos están perjudicando la confianza en el país, un punto clave para la reactivación económica.
Las pesquisas iniciaron luego del destape periodístico del programa web La Encerrona, sobre una colección de 15 relojes lujosos, incluyendo modelos Rolex, que Boluarte no había incluido en su declaración de propiedades al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Adrianzén, para defender a la presidenta, citó un proceso de aprobación realizado por la Contraloría que descartaba desbalances patrimoniales.
Afirmó que la compra de una camioneta por más de 25 mil dólares fue realizada con ahorros familiares antes de que Boluarte asumiera cualquier cargo representativo. No obstante, la UIF sugiere que las transacciones financieras no pueden ser justificadas con la información económica declarada por la presidenta, y que los cotitulares de las cuentas implicadas tampoco han presentado declaraciones juradas de ingresos.
Estos hallazgos han contribuido a la profundización de las investigaciones sobre lavado de activos, especialmente por los vínculos de la jefa de Estado con Vladimir Cerrón y Perú Libre.
Adrianzén no solo se pronunció sobre el cuaderno de ocurrencias que se perdió y luego se encontró en la vía Expresa, sino también acerca de la aparición de uno de los autos oficiales que traslada a Boluarte cerca al lugar donde habría estado oculto el prófugo exgobernador de Junín, Vladímir Cerrón.
Sobre ello, el presidente del Consejo de Ministros manifestó que el personal no solo traslada a la presidenta para eventos oficiales, sino que también tienen el deber de hacerlo para asuntos personales.
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