Corte Suprema aprueba extradición de Fernando Camet Piccone por caso Interoceánica Sur

El Poder Judicial ha aprobado la extradición del empresario Fernando Camet Piccone desde España, relacionada con las acusaciones que enfrenta por su participación en la adjudicación irregular de obras de la Carretera Interoceánica tramos 2 y 3. Estas irregularidades implican al expresidente Alejandro Toledo y Jorge Barata, perteneciente a la constructora Odebrecht.

La decisión se tomó luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluara el caso y concluyera que los actos cometidos por Camet Piccone, quien fungía como director de JJC Contratistas Generales, entrarían en las categorías de colusión y lavado de activos. Se detalló que el empresario habría participado en la configuración de las irregularidades que rodean la licitación y las adendas posteriores del Corredor Interoceánico Sur tramos 2 y 3, facilitando un esquema colusorio que benefició a Toledo y Barata.

Los cargos que pesan sobre Camet no han prescrito, no poseen una naturaleza política y la solicitud de extradición no fue realizada con fines políticos ni discriminativos. Con la luz verde para proceder, el expediente de extradición será remitido por la presidencia de la Corte Suprema al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entidad que lo tomará para las gestiones correspondientes ante España.

Fernando Camet, implicado en la trama de corrupción asociada al caso de la Interoceánica Sur, se enfrenta a un juicio oral conducido por el Segundo Juzgado Penal del Colegiado Nacional. Este proceso es parte de las múltiples investigaciones que se llevan a cabo para esclarecer los vastos esquemas de corrupción que involucran a exfuncionarios del gobierno peruano y representantes de empresas constructoras.

Fernando Camet Piccone fue aprehendido en Madrid el once de mayo del año pasado, debido a una notificación roja. A través de su representación legal, ha conseguido eludir las acciones judiciales en su contra, manteniendo la expectativa de las autoridades peruanas por su comparecencia ante la justicia para responder por las acusaciones vinculadas al proyecto IIRSA Sur. El escrutinio de sus actividades y su asociación con figuras y empresas comprometidas en escándalos de corrupción subrayan la gravedad de su situación legal.

Este procedimiento de extradición subraya la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, demostrando el compromiso de Perú por asegurar que los implicados en estos delitos enfrenten la justicia, independientemente de su ubicación.

La mirada está puesta en el Ministerio de Justicia español, cuya aprobación es crucial para el avance del trámite. Mientras tanto, el caso de Camet Piccone permanece como un recordatorio de los continuos esfuerzos y desafíos en la persecución de la justicia en casos de corrupción de alta envergadura.

Acusados por la concesión de la Carretera Interoceánica Sur

En 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la detención preventiva de José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña, Fernando Camet Piccone y Fernando Castillo Dibós por un periodo de 18 meses. Estos representantes de las constructoras Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA, asociadas a Odebrecht en la concesión de la Carretera Interoceánica Sur, enfrentan acusaciones por su presunta participación en el soborno pagado al expresidente Alejandro Toledo.

Esta medida fue tomada tras considerar que los implicados podrían haber tenido conocimiento y consentido el soborno de 20 millones de dólares a Toledo para ser favorecidos en la adjudicación del proyecto. El juez también ordenó arresto domiciliario para Gonzalo Ferraro Rey, asociado con un diagnóstico de cáncer, bajo la valoración de la gravedad del daño causado al Estado y la probable conexión con la red criminal internacional de Odebrecht.

Durante la audiencia, Concepción resaltó que los documentos presentados por los acusados para justificar las transferencias a Odebrecht confirmarían obstrucciones a la investigación. El fiscal Hamilton Castro, líder del Equipo Especial de la Fiscalía, apoyó esta decisión, indicando que los acusados habrían tenido un papel tan relevante en el caso de colusión como Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú, quien ha admitido su participación en los sobornos. A Camet y Castillo, al igual que a Graña Acuña y Ferraro Rey, también se les imputa el delito de lavado de activos.