La Contraloría General de la República encontró irregularidades en diferentes niveles de Gobierno de Piura, durante el 2023. En total, 456 funcionarios fueron involucrados, según los 95 informes de control posterior que emitió la entidad.
Radio Exitosa reportó que, por ejemplo, en la Municipalidad de Tambo Grande, en esta región, hubo pagos de beneficios económicos a funcionarios de confianza que no les correspondía y al margen de la normativa
También informaron que en la Municipalidad Provincial de Ayaba se ejecutó el servicio de mantenimiento de los caminos vecinales y se pagó los servicios, a pesar de que algunos tramos no se hizo ningún trabajo.
Otro periodo de tiempo que fue aprovechando por las autoridades en diversas actividades es sobre la limpieza, acondicionamiento y descolamtación de quebradas en la provincia de Paita. Actualmente, el hecho se encuentra en investigación en el Ministerio Público.
“Ese servicio nunca fue realizado por la empresa contratada; sin embargo, se emitió la conformidad y se autorizó el pago. El monto controlado aquí fue 350 mil soles. Se identificó responsabilidad penal y administrativa en ocho funcionarios”, precisa un funcionario de la Contraloría.
“Aquí lo que se ha observado es que un servicio de mantenimiento de un camino vecinal y algunos tramos que no fueron ejecutados o fueron ejecutados parcialmente y aun en ese escenario la entidad no realizó los deductivos y pagó de manera integral por el servicio. Se ha identificado un perjuicio económico de 261 mil soles es a la municipalidad provincial. La responsabilidad identificada es penal y administrativa bajo el ámbito de la contraloría para cinco funcionarios”, añaden.
Expediente técnico sin experiencia
En el caso de la Municipalidad de Huancabamba, se realizó la contratación de servicios de un consultor para el expediente técnico de una obra de saneamiento, pero sin acreditar experiencia.
“Se contrató a un consultor que no (contaba) con la experiencia requerida (...). Luego se ha dado conformidad y autorizado el pago sin aplicar las penalidades que correspondían y se ha identificado un perjuicio económico de 126 mil soles, además de responsabilidad penal y administrativa en tres funcionarios”, explicó.
Por otro lado, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, se evidenció que la dirección de Salud realizó el pago para el acondicionamiento de infraestructura para la instalación de una planta de oxígeno en el establecimiento de Salud Ayacaba.
“Lo que se observó aquí es que se han realizado pagos por trabajos no ejecutados, de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente, y se aprobó una ampliación de plazo que no correspondía Finalmente se identificó un perjuicio económico de 58 mil soles y responsabilidad penal y administrativa de entidad a seis funcionarios más aún tomando en cuenta que la planta de oxígeno no está en funcionamiento”, sostienen.
“El informe ha sido formulado por el Gobierno Regional de Piura. Se trata del informe de control 107-2023 y está relacionado con el contrato mejoramiento de los servicios del establecimiento de Salud de uno de los hospitales que se está ejecutando en la sierra de Piura”, agregó.
El gerente Regional de Contraloría de Piura informó que en los informes de control simultáneos no existe sanción, por lo que solo se advierten medidas correctivas.
“No existe una sanción. La sanción vendrá, como dije hace un momento, en la medida en que esa alerta está identificando un riesgo y ese riesgo se convierte en un daño por la producción”, afirmó.
Hay 2.651 situaciones adversas
De acuerdo a Exitosa, gracias a este control gubernamental, se ha podido identificar a 2.651 situaciones adversas o de riesgo. Por ello, se deberá adoptar las medidas correctivas que corresponda.
Sin embargo, también se reportó que 588 fueron resueltas, 15 no han sido corregidas y 17 fueron desestimadas. En ese sentido, las visitas de control tienen por finalidad alertar oportunamente de situaciones adversas o riesgos.
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