
Las revelaciones hechas por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) el último jueves han empezado a generar repercusiones en la situación del expresidente Martín Vizcarra. Como se sabe, a finales de enero, la Fiscalía de la Nación señaló al exmandatario fue señalado de haber liderado una presunta organización criminal llamada ‘Los intocables de la Corrupción’ durante su gestión como presidente de la República.
Como el EFICCOP no tiene la capacidad de investigar a políticos aforados como lo es Vizcarra Cornejo, por aún mantener la inmunidad presidencial por cinco años tras el término de su mandato, el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso la denuncia constitucional contra el exfuncionario.
Como se sabe, este es un caso que no había tocado anteriormente y que el EFICCOP venía investigando fuera de los reflectores. En el expediente al que Infobae Perú tuvo acceso, se dio cuenta de una serie de pagos otorgados en beneficio del exmandatario mientras era presidente del Perú. La entidad de la que se habría tomado provecho para el cobro de presuntas coimas sería la división de Provías Descentralizado del MTC y en la acusación fiscal se han recogido las declaraciones de un colaborador eficaz y dos testigos protegidos, entre ellos, la exasistente de Vizcarra, Karem Roca.
Es en este contexto que el congresista Ventura presentó ante la presidenta de la SAC, Lady Camones, el documento de denuncia constitucional en contra del vacado expresidente que ya ha sido inhabilitado previamente por el Congreso por otros casos de corrupción. En la denuncia, el legislador fujimorista precisa que Vizcarra Cornejo habría incurrido en los delitos de tráfico de influencias y colusión agravada.
¿Por qué se denuncia constitucionalmente a Martín Vizcarra?
Según lo detallado en el documento, el parlamentario de la bancada de Fuerza Popular solicitó a Lady Camones que “se declare procedente la presente denuncia constitucional por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias tipificado en el Art 400 y delito de colusión agravada tipificado en el Art 384 del Código Penal”
De esta manera, Ventura Ángel dio inicio al procedimiento constitucional para que se emita una sanción en contra del expresidente que implique su desafuero para que así la Fiscalía de la Nación, a través de un fiscal supremo designado, pueda emprender una investigación contra Martín Vizcarra Cornejo.

Asimismo, el informe recoge las hipótesis formuladas por la Fiscalía en las que se señala a Vizcarra de direccionar procesos “de licitaciones y contrataciones públicas fraudulentas para beneficiarse económicamente” mediante entregas de dinero que eran camufladas en loncheras y portaplanos. Estas sumas de dinero eran directamente recibidas por el expresidente Vizcarra Cornejo entre las fechas de marzo del 2018 y octubre del 2021.
El proceso que debe seguir la Fiscalía para investigar a Vizcarra Cornejo
Llama la atención por qué hasta la fecha la Fiscalía de la Nación no ha iniciado indagaciones directas en contra del expresidente Martín Vizcarra, pese a estar directamente implicado en las acusaciones de los colaboradores eficaces y los testigos protegidos.
Esto se debe a que, en la actualidad, el expresidente aún cuenta con una inmunidad que se le confiere a la autoridad por el periodo de 5 años posterior a su salida de la presidencia. Al conservar esta inmunidad, el exmandatario solo puede ser investigado por fiscales supremos, que cuentan con la potestad de realizar indagaciones a aforados; o, en todo caso, tendría que ser relevado de esta inmunidad mediante un proceso de desafuero ante la SAC.
Así, con la decisión de Ventura se sientan los cimientos para el inicio de un proceso de desafuero contra Vizcarra en el marco de esta investigación en específico; a fin de que las pesquisas puedan ser revisadas por cualquier fiscal especializado en los delitos de los que se le acusa.
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