
En diciembre de 2023, al cumplirse un año de su gestión, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció la implementación de un proyecto que contempla la construcción de 60 puentes elevados o vías rápidas para la capital peruana, con el objetivo de aliviar la congestión vehicular y mejorar el tránsito en la ciudad. El burgomaestre destacó la urgencia de invertir en infraestructura para optimizar el flujo vehicular, sin embargo, el proyecto ha sido cuestionado por falta de información sobre los diseños concretos y porque no estaría acorde con algún plan integral de movilidad que beneficie a la mayoría de los ciudadanos.
Los puentes, previstos para ubicarse en intersecciones con alto volumen de tráfico, buscan agilizar el paso de vehículos en áreas críticas. “Donde hay semáforos, ponemos vías elevadas como hace Europa... vamos pasando rápidamente”, señaló el alcalde. La iniciativa abarcará importantes avenidas de la capital como Huaylas (Chorrillos), Pista Nueva (Villa María), Nicolás Ayllón (ATE), Próceres – Wiesse (San Juan de Lurigancho), Túpac Amaru (Comas), Tomás Valle (Independencia), Javier Prado (San Isidro) y Pershing - La Marina (San Miguel). López Aliaga indicó que se trata de puentes fly over, los cuales serían instalados de forma rápida.
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La iniciativa, según menciona López Aliaga, surge tras reuniones con empresas francesas e italianas especializadas en estructuras metálicas. La inversión para este proyecto, según el propio alcalde, alcanza los 600 millones de dólares (10 millones por puente) e iniciaría en Huaylas.
Apuesta por el transporte privado
Para Jérémy Robert Bruyere, investigador, docente de Arquitectura de la PUCP y especialista en desarrollo urbano, la propuesta sorpresiva de puentes de Rafael López Aliaga estaría dentro de una visión de Lima que privilegia lo individual, y que no beneficiaría a la mayoría que se moviliza en transporte público.
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“Con el pretexto de que la gente no espera en los semáforos se termina haciendo una ciudad para el vehículo, pero no se resuelve el problema. La gente va a manejar más rápido pero el tráfico se transfiere a otras partes”, señaló en diálogo con Infobae Perú.
“Pensar en 60 puentes en 60 intersecciones sin haber hecho análisis de estudio previo, sin haber analizado alternativas no tiene ningún sentido. Peor aún, se sigue enfocando en priorizar a aquellas personas que se mueven en transporte privado, que sabemos que es la minoría”, añadió.
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La falta de estudios técnicos, que sustentan la viabilidad del proyecto también es resaltada por David Fraile, ingeniero de tránsito para quien el problema de la congestión vehicular es un problema de diseño vial “que no necesariamente se soluciona con vías rápidas, o pasos elevados, sino con soluciones a nivel: mejor semaforización, mejor diseño vial, diseño de intersecciones y gestión de tránsito”, mencionó en una entrevista al programa 24 Horas.

En tanto, para Jérémy Robert la solución pasa por apostar por transporte público, bajo la competencia de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Sin embargo, indicó que, el alcalde, preferiría no trabajar con otras instituciones, ya que este no tuvo una participación activa en un evento realizado en diciembre de 2023 que reunió a quienes están a cargo del Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Movilidad Urbana (PMU).
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En el primer caso, este está a cargo del Instituto Metropolitano de Planificación, (IMP) un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima creado en 1991 y que tiene como función específica la planificación del desarrollo integral y sustentable de la provincia de Lima. Este organismo tendría que actuar como asesor del alcalde Metropolitano y del Concejo Metropolitano.
En tanto, el PMU es un plan estratégico, a largo plazo, que busca contribuir a mejorar la movilidad y la calidad de vida de los residentes de Lima y Callao. El PMU se integrará con las políticas y planes de desarrollo nacionales, regionales, locales y sectoriales, recogiendo. Es un proyecto elaborado por la ATU, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Si bien hay una buena articulación entre el PMU y Plan de Desarrollo Urbano, a nivel técnico, “a nivel político no aparece el alcalde y ningunea la ATU”, señala Jérémy Robert.

Impacto social
Otro efecto que habría que contemplar es el impacto social. Por ejemplo, Jérémy Robert menciona que convertir en una vía rápida mediante puentes elevados la avenida Huaylas, una arteria central de Chorrillos y donde Rafael López Aliaga planea dar inicio a su proyecto y colocar seis elevaciones, traería consecuencias a los comercios de la zona. Al tener autos que van a toda velocidad, se cortaría la ciudad en dos y se afectaría a la dinámica económica de los negocios por lo difícil que sería transitar para los peatones que se verán obligados a usar cruces peatonales, menciona.
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El docente de arquitectura reiteró que vías de ese tipo traen más carros, aumentan la inseguridad vial e incentivan el transporte privado en lugar del público “Se privilegia la velocidad de los autos, muchas veces en detrimento de los peatones y de quienes usan el transporte público, los autos son solo el 10% de las personas”, indicó.
En cambio, mencionó que a lo que apuntan los planes integrales de desarrollo urbano es a integrar los sistemas de transporte público, y a menos vehículos privados que hagan que los limeños vivan encerrados en edificios y casas cercados por vías rápidas.
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Mientras tanto, según la promesa del alcalde, este año se iniciará el primer proceso de licitación para el inicio de la construcción de los 60 puentes.
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