La amenaza de la Policía Nacional (PNP) de iniciar acciones legales contra el caricaturista Carlos Tovar (Carlín) y el diario La República por una sátira de la actuación de algunos de sus integrantes ha generado el pronunciamiento de Pedro Vaca, relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y una ola de críticas de legisladores y organizaciones.
A través de sus plataformas sociales, el relator de prensa remarcó que una caricatura no afecta la “imagen institucional” de una entidad, como adujo en la víspera la PNP. “[En cambio], erosionar el espacio para el humor sobre la autoridad sí que lastima severamente la libertad de expresión. Cuando el humor preocupa a la autoridad es porque la reflexión que se quiere provocar es relevante”, enfatizó el letrado.
Una de las primeras voces políticas en reaccionar al anuncio fue la legisladora Ruth Luque, quien consideró un absurdo criminalizar la pieza gráfica. “Hoy es recurrente conocer que un policía o algunos policías son parte de una banda de delincuentes, roban o están en corrupción. Penosamente, esa es la imagen que hoy tiene la PNP [...] una imagen alejada de su finalidad fundamental: garantizar la seguridad”, indicó.
Luque recordó a ‘Los Elegantes de la formación’, una banda de policías que recolectó más de 19 mil soles en cupos al interior de escuela en Huánuco, así a los dos agentes de Inteligencia que perpetraron un robo en una joyería de Magdalena del Mar y la red clandestina de asaltos y tráfico de mercurio, también integrada por agentes policiales. “La preocupación de la imagen institucional debería significar cambios de fondo al interior de la propia institución”, enfatizó.
“Qué lástima que ahora la Policía tenga ánimo de censurar a los artistas que hacen interpretaciones irónicas de la realidad, basadas justamente en la realidad”, apuntó la diputada Susel Paredes, mientras que el doctor en Literatura Marcel Velázquez resaltó que “el dibujo de humor siempre ha cuestionado al poder y sus instituciones tutelares”.
“Este condenable acto se sobredimensiona porque mediante un medio de comunicación se estaría vulnerando el derecho al honor y reputación de la PNP”, continuó. A mediados de enero, el exjefe policial, Jorge Angulo, calificó como “deslealtad y traición” un robo que fue ejecutado por dos agentes en Magdalena.
“Nosotros también hacemos esa labor: identificamos y capturamos a los malos elementos que, usando el uniforme, puedan dañar la institución [...] Malos ciudadanos hacen malos policías. ¿O qué buen ciudadano puede ser enemigo de un buen policía?”, cuestionó entonces, días antes de ser destituido. El asalto quedó registrado por las cámaras de videovigilancia y fue replicado, incluso, por la administración de Dina Boluarte.
El mismo titular del Interior, Víctor Torres, anticipó penas drásticas contra los implicados en este “hecho lamentable” y aseguró que no había “ningún tipo de espíritu de cuerpo”.
“Todo el peso de la ley va a caer sobre ellos luego de las investigaciones que en este momento se encuentran a cargo, de manera administrativa, de nuestra Inspectoría general, y por el lado penal sigue su curso. Repito: que el peso de la ley caiga de forma contundente sobre estos malos elementos”, zanjó.
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