El caso de Rosalino Flores Valverde, un joven de Cusco de 22 años que fue gravemente herido al recibir 31 impactos de perdigones y pasó dos meses en cuidados intensivos, ha dado un giro significativo en la búsqueda de justicia. Entre los aproximadamente 50 decesos documentados en medio de las manifestaciones contra Dina Boluarte, la situación de Flores Valverde se ha destacado y ahora la judicatura de Perú ha dictaminado prisión preventiva por 18 meses para Joe Erik Torres Lovón, el agente que disparó de manera desmedida contra el joven.
Pero la medida impuesta por el Poder Judicial el último 05 de enero no sería la única de las revelaciones que generan precedentes importantes en las investigaciones iniciadas por abusos a los derechos humanos que implican delitos como el homicidio calificado y lesiones graves. Tres días antes de esta sentencia, el medio Cusco Post detalló que la Fiscalía de la Nación había revelado una serie de acciones en las que la Policía Nacional del Perú habría incurrido para encubrir la responsabilidad de Torres Lovón.
Como se sabe, el suboficial de la PNP, Joe Erick Torres Lovón, formaba parte de la SUAT Cusco y tenía en su poder una de las dos escopetas de caza perdigoneras que se habían dispuesto en dicha unidad. Según las pruebas obtenidas por la fiscal provincial Mirela Coronel Molero, habría sido Torres Lovón quien es captado en los videos disparando en repetidas ocasiones contra el joven Rosalino Flores; pero su ubicación e investigación del caso se habría tornado complicado debido a una serie de interferencias por parte de su institución.
Los hechos de encubrimiento que buscaron limpiar al presunto asesino
La nota de dicho medio recogió cuatro hechos de los revelados por la fiscal Coronel Molero que supondrían actos de encubrimientos por parte no solo de su unidad, sino también por parte de la misma institución. Estas disposiciones han sido identificadas por el medio como “faltas graves” con las que “se buscaba impedir la identificación y la sanción” de Torres Lovón.
Para empezar, Coronel advirtió que no se elaboró informe alguno respecto a los disparos perpetrados en contra de Rosalino Flores. Según la fiscal, la norma exige que se reporte un informe de manera obligatoria, siempre que se reporte un incidente con arma de fuego que causa lesiones; y en este caso, dicho informe no se hizo.
Otro detalle importante por destacar, es que, en un inicio, la VII Macro Región Policial del Cusco de la Policía Nacional del Perú ocultó la participación del equipo SUAT en la avenida 28 de julio, en donde se perpetraron los abusos. Pese a que diversos videos dejaron clara la participación de dicho equipo en las protestas, la institución policial informó que el personal de dicha unidad “no estaba destacado en esa zona”.
Manipulación de informes oficiales
Asimismo, la alerta de Coronel detalla dos hechos importantes que comprenden la injerencia de la institución en actos que devienen directamente en intentos de obstaculización, como lo es, en algunos casos incluso, la manipulación de informes oficiales.
El primero de ellos fue la modificación del rol de servicio de Joe Torres. Su abogado presentó ante la fiscalía un documento en el que se detallaba que este solo trabajó hasta las 2:00 p.m. del pasado 11 de enero del 2023; sin embargo, Coronel detalló que gracias a los videos de videovigilancia se logró dar con la presencia de Torres Lovón hasta el promediar las 4:00 p.m; hora en la que fue herido Rosalino Flores.
Como si esto no fuera suficiente, la fiscal también detalló que en los documentos recogidos se había alterado la fecha de devolución de la escopeta de caza perdigonera que estaba en poder de Joe Torres. Según la representante del Ministerio Público, el efectivo que ahora se encuentra prófugo de la justicia fue asignado a dicha arma el 9 de enero; no obstante, al momento de devolver esta arma, la fecha fue cambiada del 12 al 10 de enero del 2023.
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