
El Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP) del Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva contra el suboficial Joe Torres Lovón, sindicado como “autor directo” del crimen de Rosalino Flórez, un estudiante cusqueño que recibió una carga de perdigones en una manifestación antigubernamental a inicios de 2023 y falleció dos meses después de agonizar en un hospital.
El documento de la fiscal provincial Mirela Coronel, quien formalizó la investigación preparatoria contra dos miembros de la Policía Nacional (PNP) implicados en esta muerte por represión, se ha hecho público este miércoles, aunque lleva la fecha del 1 de diciembre.
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Según el requerimiento fiscal, Torres Lovón —miembro de la Sub Unidad de Acciones Tácticas de la PNP (SUAT)— es “autor directo del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado con alevosía (en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos)”.

Adicionalmente, el Ministerio Público pidió comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra el coronel Edson Cerrón Lazo, jefe de la División de Orden Público y Seguridad en Cusco, imputado por comisión por omisión (u omisión impropia).
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El abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), explicó a La República que este último “no habría cumplido con su deber de prevención y control de su personal”, razón por la cual el suboficial disparó a poca distancia, cuando el estudiante de gastronomía huía para ponerse a buen recaudo.
Quispe también señaló que, hasta ahora, la Fiscalía ha individualizado la presunta responsabilidad en tres casos, dos en Cusco y uno en Ayacucho, donde se abrió una investigación contra el teniente coronel del Ejército Jimmy Vengoa Bellota como presunto responsable directo de una muerte.
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“Justicia para Rosalino. Que su muerte no quede impune”, tuiteó la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), representante de la región natal del estudiante. Según Al Estilo Juliana, el efectivo que disparó se ha negado a declarar y está con paradero desconocido.
“Mi hermano vino a apoyar a los heridos, a los asfixiados que estaban con las bombas lacrimógenas, él no llevaba nada de armas, ni de piedras en la mano, y le dispararon”, declaró Juan José Flores al portal de investigación Ojo Público, un relato que corroboran las cámaras de vigilancia.
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La mandataria, quien acudió a declarar por este caso en dos oportunidades, consideró que la denuncia es una “deleznable maniobra política” para “distraer la atención” de la ciudadanía, luego de que el círculo más cercano de la magistrada fuera implicado en una supuesta red criminal de tráfico de influencias.
Aunque no está formalmente acusada ni investigada, Benavides podría perder su fuero en caso de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de gobierno de la judicatura, la cese.
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