Alberto Otárola niega ‘terruqueo’ a muertos en protestas, pero informe de la PCM lo contradice

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sorprendió el último sábado al brindar una ronda de entrevistas por diversos medios de comunicación en los que detallaba una serie de acontecimientos. Entre sus muchas aseveraciones, el primer ministro de Dina Boluarte insistió en desconocer un hecho que se atribuía a su gobierno y que había sido advertido por diferentes organizaciones veladoras de derechos humanos; la insistencia del Estado por ligar a los opositores al gobierno a grupos terroristas como Sendero Luminoso.

En sus declaraciones con el periodista Fernando Carvallo, en RPP, Otárola fue consultado respecto a dichos intentos de vinculación de los que el Gobierno de Dina Boluarte es acusado; y que es más comúnmente conocido como el ‘terruqueo’; una manera de dar a entender que las personas participantes en las marchas contra la presidenta eran de índole terrorista, a fin de invalidar sus protestas. Ante ello, el titular de la PCM comentó:

“Eso es absolutamente falso y puedo citar a todos los exministros y ministros que estuvieron en ese momento. Esa atribución es absolutamente falsa. En ningún momento se mencionó que esto era responsabilidad de Sendero Luminoso”, aseveró indignado Alberto Otárola en sus declaraciones.

El acta delatora

Como si no fuera suficiente, Otárola incluso intentó “hablar en términos concretos” respecto a la inexistencia de intenciones del Gobierno para iniciar con un ‘terruqueo’ que justifique vulneraciones a derechos humanos. “En ningún momento. Ninguna de las actas, ya para hablar en términos concretos, del Consejo de Ministros, consigna esta opinión absolutamente deleznable, lo digo yo”, insistió el ministro de Estado.

Nada más alejado de la realidad. Este domingo, una vez pasadas las reacciones iniciales del hecho, el periodista Bruno Amoretti reveló el Acta del Consejo de Ministros con fecha del 12 de diciembre del 2022; una reunión que se dio en el marco del punto más álgido de las protestas sociales, en las que tomaron en cuenta informes del Ejército y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para equiparar a los protestantes con senderistas.+

En dicha sesión ministerial, se plantea la ejecución de un estado de emergencia por 60 días para varios distritos en regiones como Junín, Huancavelica, Cusco y Ayacucho. La medida, según lo acordado por los ministros, “se adoptaría de acuerdo a lo establecido en (...) la Constitución Política y según lo indicado en el informe (...), debido al accionar de la Organización Terrorista Sendero Luminoso, facción VRAEM y la simbiosis existente entre esta facción y las organizaciones criminales (...)”

Otárola: “ninguno de los testimonios ha sindicado ni a la presidenta ni a mí”

Otro detalle interesante en la que sería la última entrevista del año de Alberto Otárola, es su insistencia para que se deje de señalar a la presidenta Dina Boluarte y a su persona como responsables de los 49 asesinatos durante las protestas en Perú. Según el primer ministro, no existieron testigos que señalen su responsabilidad “directa o indirecta”.

“Se tendrán que investigar quién las ha promovido, acá yo quiero ser muy concreto. Nosotros nos hemos sometido a la investigación de la justicia, lo vamos a seguir haciendo; pero no vamos a aceptar la atribución de esas muertes; porque ninguno de los más de 500 testimonios que han ido allá; bajo el mando de la señora Benavides; ninguno (ni en la forma, ni en el fondo; ni de manera directa o indirecta) ha sindicado ni a la presidenta ni a quien está sentado acá como responsable de esa muerte. Ninguno”, alegó.

No obstante, el titular de la PCM no habría tomado en cuenta declaraciones no solo del exministro del interior, que señaló a Dina Boluarte como la persona que estaba al tanto de los asesinatos, pero que no hizo nada para evitar que se incremente el número de muertes; sino también de lo señalado por el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien reiteró en varias oportunidades ante la fiscalía la injerencia que Boluarte tenía respecto a los hechos suscitados en diciembre del 2022.