Esta tarde, el gobierno de Dina Boluarte se pronunció por el comunicado de la Junta de Fiscales Supremos, en el que señalan que evaluarán acciones legales ante el decreto aprobado por el Ejecutivo sobre sus funciones en las intervenciones. Es así como el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, defendió las modificaciones del Nuevo Código Procesal Penal.
El premier señaló que los 50 decretos aprobados y publicados respetan el “marco constitucional”, por lo que en esta modificación se ha respetado la “facultad de conducir y la estrategia de investigación, siempre a cargo del Ministerio Público”.
Otárola detalla que el cambio se produce cuando ocurre un delito, un caso de violación, secuestro o “amenaza una situación que compromete seriamente la vida de las personas”, por lo que la Policía Nacional del Perú puede intervenir.
“En ese caso excepcional se autoriza a la Policía Nacional no solo a intervenir, sino que también a iniciar inmediatamente las investigaciones, quedando obligada a rendir cuentas de las mismas al fiscal”, explica en la conferencia de prensa.
“[...] se produce delito y a veces los fiscales tardan en llegar y como son titulares de la investigación penal se pueden retrasar y pueden alterarse inclusive los medios probatorios”, continuó.
En este sentido, insistió en que la decisión de la gestión de Boluarte solo ha permitido que “en situación excepcional” la PNP pueda intervenir de “manera inmediata” y pueda “investigar” con el encargo de dar cuenta al representante del Ministerio Público.
En otro momento, aseguró que los efectivos no se encargarán de levantar el secreto de las comunicaciones, porque eso debe producirse con una orden judicial. Añadió que tampoco pueden intervenir de “manera arbitraria sin la presencia de un delito flagrante”.
Podría reunirse con la Fiscalía
En su misiva, la Junta de Fiscales Supremos señaló que no fueron convocados por el Ejecutivo para dar su opinión y posición sobre este decreto. Por su parte, Otárola aseguró que estas modificaciones estuvieron a cargo de “expertos en la materia”.
Asimismo, recordó que el Congreso de la República tiene la facultad de revisar estos decretos; mientras tanto, extendió su disposición para reunirse con los representantes de la Fiscalía a fin de que revisen este tema.
“Estamos absolutamente dispuestos a tener un diálogo democrático, elevado y de confianza con las nuevas autoridades del Ministerio Público, porque ninguna norma es perfecta, pueden ser mejoradas y esto a base del diálogo”, dijo.
Asimismo, desde la Fiscalía manifestaron su preocupación ante ciertas normas que podrían comprometer las funciones del Ministerio Público. En respuesta, se ha establecido una comisión institucional encargada de evaluar la posibilidad de emprender acciones legales que aseguren la preservación del papel constitucional que se le ha otorgado.
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