
Solo en esta última semana, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides presentó dos amparos contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que la suspendió preventivamente del cargo por 6 meses. Con estos nuevos recursos, asciende a 5 las medidas que ha iniciado la suspendida fiscal suprema con tal de anular investigaciones disciplinarias.
El primer camino que tomó Patricia Benavides para no ser investigada por la JNJ fue interponer una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, en agosto de 2023.
Bajo la excusa de una supuesta vulneración a las facultades del cargo de fiscal de la Nación, Benavides requirió anular los procesos disciplinarios por remover a la fiscal Bersabeth Revilla, desmantelar el Equipo Especial Cuellos Blancos y registrar llamadas con el empresario Antonio Camayo.
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La audiencia se llevó a cabo a inicios de noviembre y la causa quedó al voto. Más de un mes después, el Tribunal Constitucional aún no emite la sentencia del caso. Esta demora ha sido aprovechada por la JNJ, que ha pedido que al momento de resolver se considere que la presunta organización criminal que lideraría la exfiscal de la Nación habría buscado remover a todos los consejeros para evitar que sea investigada.
El primer amparo
Tras interponer la demanda competencial, Patricia Benavides recurrió al Poder Judicial a través de una acción de amparo cuya pretensión final es la misma que busca ante el Tribunal Constitucional.
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Este primer amparo recayó en el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, a cargo de la jueza supernumeraria (no es nombrada por la JNJ) Jacqueline Tarrillo Meneses, quien accedió a otorgar una medida cautelar que suspendía provisionalmente los procesos disciplinarios contra Benavides.
Esta medida fue cuestionada toda vez que citaba artículos del derogado Código Procesal Constitucional. La Tercera Sala Constitucional anularía de oficio la resolución; sin embargo, la magistrada Tarrillo Meneses no tardó en emitir una nueva medida cautelar —ahora mejor fundamentada— a favor de la exfiscal de la Nación.

Una vez que la JNJ instauró el proceso disciplinario inmediato en su contra, Patricia Benavides solicitó a la misma jueza ampliar los alcances de la medida cautelar y dejar sin efecto temporalmente la nueva investigación.
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Este pedido de la suspendida fiscal suprema aún no ha sido resuelto ya que la medida cautelar está actualmente en apelación en la Tercera Sala Constitucional de Lima.
En este incidente judicial la JNJ también ha solicitado al colegiado considerar los graves hechos que involucran a Benavides en una organización criminal enquistada en las altas esferas del Ministerio Público.
Los nuevos amparos
El 4 de diciembre, Patricia Benavides planteó un amparo para anular la resolución que abre un proceso disciplinario inmediato en su contra. Recurso fue admitido por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, que programó la audiencia única para marzo de 2024.
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Al no obtener una respuesta por parte del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, Patricia Benavides planteó una segunda acción de amparo contra la JNJ. La demanda fue presentada el miércoles 6 de diciembre, día en que decidió no comparecer ante los consejeros y se retiró de la sala con su abogado Jorge del Castillo.
El amparo se encuentra en el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, presidido por el juez Jorge Ramírez Niño. En este proceso también ha solicitado una medida cautelar.

No satisfecha con ello, Patricia Benavides interpuso una tercera acción de amparo contra la JNJ el lunes 11 de diciembre.
La admisibilidad de este nuevo recurso viene siendo evaluado por el Tercer Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez John Paredes Salas, quien hace unos meses anuló la sentencia contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el caso La Oroya.
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Otras decisiones del magistrado Paredes Salas que dieron que hablar fueron las sucesivas medidas cautelares que dictó contra el Congreso para suspender la elección del defensor del Pueblo.
Coincidentemente, la organización criminal que lideraría Patricia Benavides se habría interesado indebidamente en la elección del titular de la Defensoría.
La investigación fiscal
En julio de este año, Patricia Benavides, cuando ostentaba el cargo de fiscal de la Nación, abrió una investigación preliminar contra los consejeros Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y María Zavala por supuestamente haber presionado a jueces supremos para que la Corte Suprema emita un pronunciamiento a favor de Zoraida Ávalos.
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La denuncia inició por un trascendido publicado por Phillip Butters, quien sería cercano a Benavides, y difundida por diario Expreso.
No obstante, los consejeros señalados, así como los jueces supremos citados por el Congreso, negaron rotundamente la supuesta presión. Incluso, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, calificó de “chismes” las afirmaciones.
Pese a ello, la investigación fiscal sigue abierta. Esto es utilizado, así como los amparos, por Patricia Benavides para alegar un supuesto conflicto de intereses y solicitar que los consejeros se inhiban de conocer los procedimientos disciplinarios en su contra.
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