Nuevos hechos de presuntas irregularidades aparecen sobre lo que pasó durante la gestión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, cuando estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) entre julio del 2021 a noviembre del 2022. Y salpican de paso a su cuestionado hermano, Nicanor Boluarte, quien tendría una influencia en el gobierno actual.
Infobae Perú accedió a un informe de acción posterior de la Contraloría general de la República, donde se detalla la existencia de presuntas irregularidades en las contrataciones de Víctor Torres Merino y Edwin Ugarte Nina, quienes son amigos del hermano de la mandataria, en el programa nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAÍS) que se dieron el año pasado.
En concreto, la entidad fiscalizadora detalla que Torres Merino fue requerido para ofrecer los servicios especializados en gimnasia laboral, cuya función consistía en realizar talleres, y pausas activas en la entidad adscrita al Midis por la suma de S/ 35 000. En tanto, Ugarte Nina brindó apoyo legal para la Oficina de Asesoría Jurídica del programa País por S/ 16 000.
Sin embargo, los amigos de Nicanor Boluarte habrían incumplido los términos de referencia de los contratos que consiguieron.
Servicio incompleto
Víctor Torres Merino debía desarrollar talleres de gimnasia laboral dirigidos a los funcionarios y personal de la Unidad de Recursos Humanos del programa PAÍS. En la primera orden de servicio se le desembolsó S/ 14 000 el 23 de mayo del año pasado para que dicte 6 talleres presenciales y uno virtual donde iba a enseñar ejercicios de movilidad articular, estiramiento, respiratorios, corrección de postura y compensatorio.
Sin embargo, Torres solo hizo cuatro talleres presenciales los días 10, 15, 23 de junio y el 7 de julio del 2022. En tanto, la segunda orden para el amigo de Nicanor Boluarte se dio el 18 de agosto del año pasado por S/ 14 000. Ahí se indicó que debía dictar mínimo 4 talleres.
La Contraloría encontró que Víctor Torres incluyó injustificadamente a funcionarios del Midis para que reciban su servicio de gimnasia laboral cuando solo le correspondía a los que laboran en el programa PAÍS. Esta situación también se repitió en la tercera orden de servicio que le dieron por la suma de S/ 7 000 por dictar 6 talleres.
Adicionalmente, se anota que Torres informó que ofreció su servicio de gimnasia laboral el 1 de noviembre del 2022 cuando se sabe que es un día feriado y no hay personal del Midis que labora. “Por lo que no se podía realizar ningún taller presencial, por tanto, se advierte incumplimiento del servicio”, se lee en el documento.
No cumplió requisito
Por su parte, en el caso de Edwin Ugarte Nina se da cuenta que cuando se buscó un apoyo legal para la Oficina de Asesoría Jurídica del programa PAÍS se incluyó entre los requisitos que la persona elegida debía contar con especialización o diplomado en temas relacionados a derecho administrativo o gestión pública.
Así, Ugarte acreditó un certificado del curso taller ‘Abogados litigante con mención en derecho penal’ y un documento que resaltaba su ingreso a la Maestría de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Federico Villarreal. No obstante, ambos no tenían ninguna relación al servicio que se buscaba desde el Midis.
“Se advierte que las dos certificaciones en materia penal presentadas por el proveedor además de no cumplir las condiciones particulares establecidas en los términos de referencia, no están relacionadas al objeto y actividades del servicio, por lo cual, no garantizaría el cumplimiento idóneo y adecuado de las actividades mencionadas, pues no están vinculadas a temas de litigios penales”, sostiene la Contraloría.
Por todo ello es que se extiende este informe al director ejecutivo del programa nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAÍS) a fin de que tome las acciones correspondientes dentro del plazo de 20 días hábiles que se le extiende.
Investigados
Hay que recordar que Víctor Torres Merino y Edwin Ugarte Nina se encuentran en calidad de investigados por el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción, cuya coordinación está al mando de la fiscal superior Marita Barreto, junto a Nicanor Boluarte por los presuntos delitos de colusión y tráfico de influencias.
En el Ministerio Público se les abrió una carpeta a Boluarte, Torres y Ugarte por la polémica reunión del 18 de octubre pasado en el distrito de San Borja, donde el alcalde de Nanchoc, Nixon Hoyos, salió beneficiado con 20 millones de soles para obras en su distrito.
El hermano de la presidenta Dina Boluarte debía acudir el 21 de noviembre para declarar por este caso, pero nunca llegó. Por otro lado, Torres y Ugarte tenían que presentarse el 27 y 28 de noviembre, respectivamente.
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