El expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, enfrentará una audiencia de cesación de prisión preventiva el próximo martes 12 de diciembre. La convocatoria judicial, que se llevará a cabo a partir de las 14:30 horas, fue programada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, del Poder Judicial.
El proceso está enmarcado en las acusaciones contra Castillo por delitos de rebelión y conspiración, según detalló la cuenta oficial del PJ en la plataforma X (antes Twitter).
Luego de esta sesión, a las 15:00 horas, el mismo juzgado evaluará otro pedido de cesación de la medida cautelar vinculado a investigaciones de organización criminal y otros delitos imputados a Castillo Terrones, quien dio un fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022.
En este contexto, la Defensoría Pública, la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Imagen y Prensa del Palacio de Justicia han sido notificadas de esta citación, con la advertencia de que la falta de asistencia del imputado será suplida por un defensor público.
La entidad agregó que todos los procedimientos se realizarán vía remota, a través del aplicativo Google Meet; lo que implica la presencia obligatoria y virtual tanto del representante del Ministerio Público, como de Pedro Castillo y su abogado defensor, Eduardo Pachas.
Recluido en Barbadillo
Recordemos que Pedro Castillo se encuentra detenido desde diciembre de 2022 en el penal de Barbadillo como parte de las medidas de precaución por las indagaciones en torno a las referidas acusaciones.
A la imputación por rebelión, se suma una segunda orden de prisión preventiva en el caso relacionado con organización criminal. Estos hechos han provocado una atención mediática y social significativa en el país y a nivel internacional.
“El país está tomado por garras criminales”
En la víspera, el exmandatario entre 2021 y 2022, realizó un llamado el último jueves para solicitar su excarcelación, tras cumplir un año de su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.
A través de X, Castillo acusó a grupos delincuenciales de tener bajo su control al país y de haber secuestrado su mandato. Asimismo, denunció un presunto control corrupto y la vulneración a la voluntad del pueblo peruano.
Este pronunciamiento es el primero que alude directamente a los acontecimientos del 7 de diciembre, fecha en la que intentó disolver el Congreso de la República, sin obtener apoyo y fue inmediatamente destituido y detenido.
Más temprano, la presidenta Dina Boluarte, que sucedió a Castillo tras su captura, participo de la ceremonia por el ´Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia´, se promulgó su gestión por cada 7 de diciembre.
Frente a autoridades civiles y militares, señaló que en la historia peruana hubo sucesos que pusieron “a prueba la entereza, el carácter y las convicciones” de la sociedad.
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