El gobierno de Dina Boluarte aprobó la modificatoria del Nuevo Código Procesal Penal a fin de que las requisitorias contra agresores de mujeres e integrantes del grupo familiar —niños, niñas, adolescentes y adultos mayores— no tengan un plazo de prescripción. Esto en un momento en el que los casos de feminicidios y violencia sexual contra niñas y adolescentes va en alza en cuanto a la crueldad y ensañamiento de su ejecución.
Así lo anunció el primer ministro Alberto Otárola, quien señaló que el Ejecutivo toma esta decisión a fin de no favorecer el clima de impunidad que rodea los casos de violencia contra las mujeres.
Solo hasta fines de agosto de este 2023, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) da cuenta de que ocurrieron 111 feminicidios en todo el Perú, incluso estos crímenes se han perpetrado contra siete menores de edad. Lima, Arequipa y Cusco son las regiones en las que más se contabilizan estos delitos.
Además, en el mismo periodo, se registraron un total de 179 casos de tentativas de feminicidio, es decir, los agresores intentaron matarlas, pero ellas sobrevivieron ya sea porque un tercero intervino o porque ellas lograron escapar.
La propuesta ya había sido aprobada por el Consejo de Ministros desde mayo de este año, pero el Ejecutivo no la podía promulgar. Sin embargo, esto cambió desde que el Congreso le entregó al gobierno de Boluarte facultades legislativas, durante 90 días, en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos.
Ley contra el acoso sexual en las aulas
Durante la rueda de prensa, los ministros de Estado también anunciaron la modificación de la Ley de Reforma Magisterial a fin de inhabilitar permanentemente al personal educativo que incurra en conductas de hostigamiento sexual contra los estudiantes.
Los registros del portal SíseVe del Ministerio de Educación evidencian que se presentaron más de 6000 denuncias contra el personal educativopor violencia sexual a estudiantes del nivel primaria y secundaria en los colegios del país, entre el 2013 y el 2023. Además, el medio de investigación Salud con Lupa reveló que cientos de docentes no fueron alejados de las aulas pese a estas graves acusaciones, pese a que la citada ley ya señalaba que debían ser separados de sus cargos como medida preventiva mientras duren las investigaciones.
“Seguiremos trabajando para proteger a los estudiantes y fortalecer las instituciones educativas como lugares seguros y libres de violencia”, dijo al respecto la ministra de Educación, Miriam Ponce.
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