El exasesor Vladimiro Montesinos reapareció este miércoles en una audiencia judicial sobre el caso de Leonor La Rosa, la exagente del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que denunció torturas durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000).
En esta jornada, la Cuarta Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria escuchó los alegatos finales de Julio Salazar Monroe, ex jefe de inteligencia que, junto con Montesinos, integra la lista de ocho acusados en el proceso por el delito de lesiones graves.
Se mostró somnoliento, tomando anotaciones y, al final de la sesión, requirió reunirse de manera privada con su abogado. De todos los imputados, solo está pendiente la exposición de su defensa. La próxima audiencia ha sido programada para el 18 de octubre, a las 14:00 horas, y se ceñirá al término de alegatos de la abogada de Salazar Monroe, quien dirigió el SIN entre 1991 y 1998.
La Rosa acusó a sus jefes de someterla y violentarla por filtrar información a la prensa, un escándalo por el que, en febrero del 2002, el expresidente Alejandro Toledo le pidió disculpas en nombre del Estado y la indemnizó con 120.000 dólares.
La denunciante, que solo se puede movilizar en silla de ruedas al quedar parapléjica, reside en Suecia desde 1998, cuando fue considerada como protegida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Según La República, Barreto era investigada por el Ejército por presuntamente revelar un plan secreto para atentar contra el periodista César Hildebrandt y también acusada por sus superiores de haber revelado información reservada sobre la construcción de un túnel que facilitó el rescate de los rehenes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), en abril de 1997.
El exasesor permanece en prisión desde 2001 por una serie de sentencias por delitos de corrupción y abusos a los derechos humanos, como la matanza de Barrios Altos y la desaparición de tres personas en los sótanos del SIN.
Fujimori, recluido por crímenes de lesa humanidad, volvió a considerarse “totalmente” inocente en una sesión judicial realizada por la mañana. Sobre la anulación de su indulto, deslizó que la Corte Suprema decidió de manera “injusta” y “sin fundamento alguno”.
Diagnosticado con cáncer a la lengua, taquicardia, hipertensión y gastritis hemorrágica, el octogenario está recluido en el penal de Barbadillo, al este de Lima, donde también han sido internados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), por presunto lavado de activos, y Pedro Castillo (2021-2022), por el fallido intento de dar un golpe de Estado en diciembre pasado.
Según el Centro Liber, 58 legisladores han llegado a visitar al exdictador desde diciembre del 2022. La parlamentaria que registra el mayor número de ingresos es María Cordero Jon Tay, expulsada de Fuerza Popular tras la divulgación de un audio suyo en el que pide parte de su sueldo a uno de sus trabajadores.
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