Gustavo Adrianzén, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), respondió este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el comunicado donde expresó su preocupación ante la investigación sumaria abierta en el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
A través de un comunicado de su despacho, el exministro recordó que “el Estado peruano actúa conforme a sus obligaciones internacionales derivadas de los tratados de los cuales es parte”, aun cuando el proceso parlamentario busca la remoción de los siete juristas que integran este organismo autónomo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales.
“Todos los poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos deben [...] velar para que en el ejercicio de sus funciones se respeten las garantías del debido proceso, entre ellos, los principios del derecho a la defensa, razonabilidad, legalidad, entre otros”, continúa la misiva.
De igual modo, refirió que la Representación Permanente del Perú ante la OEA ha proporcionado “información detallada” a la CIDH respecto al “desarrollo de la investigación” que desarrolla la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Bajo la óptica del internacionalista Óscar Vidarte, con este comunicado pueden devenir “nuevos problemas y más aislamiento”.
Previamente, la CIDH indicó que “los controles políticos” son importantes, pero advirtió que los seguidos a los operadores de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas “por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad” que señala el derecho internacional.
“Por tal motivo, todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso”, remarcó el organismo, antes de señalar que la eventual remoción del pleno de la JNJ “sin el respeto a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad [...] contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú”.
Los magistrados se presentaron ante el grupo parlamentario el jueves pasado y expresaron su confianza en que la investigación sumaria abierta por el Congreso se declare improcedente o infundada al considerar que no tiene justificación constitucional o jurídica.
Llegaron a la sesión en compañía de sus abogados defensores, uno de los cuales, el constitucionalista Samuel Abad, pidió presentar los argumentos de defensa de forma conjunta, aunque los integrantes de la comisión rechazaron la solicitud y comenzaron a interrogar por separado.
Abad remarcó que esta era “una posición de defensa institucional” porque en la moción se incluyó a los siete integrantes de la JNJ, aunque la legisladora Gladys Echaíz respondió que las responsabilidades “son individuales”.
La primera en hablar fue María Zavala, tras lo cual comenzó un interrogatorio, que se desarrolló por más de siete horas, a Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza y Guillermo Thornberry.
Al comienzo de la reunión, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) expuso los términos de la moción que presentó para que se investigue a los magistrados, con el argumento de que la JNJ “se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales”.
La diputada aseguró que los miembros del organismo ejercieron presión en diversos ámbitos, incluido el Poder Judicial, para que no se sancione a la exfiscal general Zoraida Ávalos, pero esta versión fue rechazada por Tumialán y el propio Javier Arévalo, titular de la Corte Suprema de Justicia.
Al día siguiente, el pleno del Congreso extendió por 14 días adicionales el plazo de esta investigación, luego de que la comisión alegó que necesitaba contar con mayores elementos de juicio para completar su investigación.
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