Este miércoles se evaluará en el Congreso de la República la delegación de facultades legislativas que solicitó el Gobierno de Dina Boluarte para combatir la criminalidad en el país. Se trata de una serie de propuestas para modificar el Código Procesal Penal, una de ellas ha sido muy cuestionada por atentar en contra de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Estas iniciativas fueron anunciadas en el discurso de Fiestas Patrias de la presidenta de la República, quien informó que presentaría un proyecto de delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. Son medidas que abordan expulsión de extranjeros, modificación del Código Penal y Procesal Penal, reformas en la PNP, regulación de venta de armas, control en las fronteras, ciberseguridad, extorsión y la creación de nuevas entidades para el orden interno.
En su intervención ante los congresistas, la presidenta Boluarte destacó que el Poder Ejecutivo tiene como objetivo emitir un total de 50 normativas, de las cuales 33 estarán relacionadas directamente con la seguridad ciudadana.
Libertad de expresión en riesgo
El Gobierno de Dina Boluarte ha despertado una serie de críticas al presentar una propuesta ante el Poder Legislativo que pretende reducir los elevados índices de violencia, ha suscitado preocupación debido a una posible vulneración en los derechos fundamentales de la población y la labor periodística.
Inicialmente, la solicitud generó la preocupación de organizaciones como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), quienes temían que la propuesta pudiera llevar a la criminalización de las manifestaciones y restringir la libertad de prensa. Como respuesta a estas inquietudes, la solicitud fue modificada para incluir una cláusula explícita que asegura no afectar la libertad de expresión ni otros derechos fundamentales.
No obstante, el CPP ha argumentado que la adición de este párrafo no garantiza que no se criminalicen las protestas pacíficas y la cobertura periodística. Según esta organización, la propuesta enmendada, que modificaría el Código Penal, permitiría que cualquier persona que convoque una manifestación o cualquier periodista que la cubra sea procesado como instigador del delito de disturbio. Esto no solo afectaría el derecho a la protesta pacífica, sino también el derecho a la información y la libertad de expresión en el contexto de la cobertura de eventos de protesta.
La Comisión de Constitución del Congreso ha defendido que el agregado de la cláusula garantiza el respeto de los derechos fundamentales. Sin embargo, críticos argumentan que esta modificación plantea ambigüedad y podría dejar espacio a la interpretación de los jueces, lo que podría poner en riesgo la libertad de expresión en Perú.
Gobierno declara en emergencia tres distritos
El Poder Ejecutivo ha establecido nuevas medidas para hacer frente a los alarmantes niveles de violencia en las calles de Perú, declarando el estado de emergencia en tres distritos estratégicos. San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho en Lima, así como Sullana en Piura, se encuentran bajo esta medida excepcional, que incluye restricciones destinadas a restablecer el orden y la seguridad.
El ministro del Interior, Vicente Romero, resaltó que el objetivo primordial de estas medidas es poner fin a la creciente criminalidad que ha traído consigo problemas graves como el sicariato, la extorsión y los robos. “Esta situación nos obliga como gobierno a radicalizar nuestras acciones para combatir la complejidad y ferocidad que ha adquirido la delincuencia en esta zona declarada en emergencia. Se ha llegado al extremo incluso de colocar bombas y granadas en locales abiertos al público, como se hacía en los peores momentos o épocas del terrorismo. Como gobierno no lo vamos a permitir”, afirmó el titular.
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