El Poder Judicial evaluará el pedido presentado por el Ministerio Público para que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA) entregue el plan de operaciones que elaboró para afrontar las protestas que se dieron contra el gobierno de Dina Boluarte en diciembre del 2022 y enero de este año.
El magistrado Juan Carlos Checkley, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, será el encargado de analizar esta solicitud. Para ello, fijó una audiencia reservada y virtual para el próximo 5 de setiembre a las 11:30 de la mañana.
A esta audiencia fueron convocados representantes de la Fiscalía de la Nación, la Presidencia del Consejo de Ministros, las FF AA y de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que puedan brindar sus argumentos.
Hay que mencionar que el juez Checkley convocó a esta sesión tras la negativa que hubo por parte de las FF AA y la PNP de proporcionar información al Ministerio Público sobre las acciones que se tomaron para restablecer el orden en regiones del sur, donde se dieron las mayores movilizaciones contra la presidenta Boluarte.
Las fuerzas militares y policiales alegaron como argumento de respuesta a lo requerido desde el Ministerio Público que los planes operacionales era “reservada y secreta”.
Sin embargo, estos documentos son claves en la investigación que se le sigue a Boluarte Zegarra, el premier Alberto Otárola, los ministros Jorge Chávez Cresta (Defensa) y Vicente Romero (Interior), exintegrantes del gabinete liderado por Pedro Ángulo, y mandos de las FF AA y la PNP por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por las más de 50 muertes en las protestas antigubernamentales.
Más testigos
Días atrás se conoció que la Procuradoría General del Estado solicitó a la Fiscalía de la Nación que hayan más testigos en la investigación que se le sigue a la mandataria.
Según el diario La República, la entidad liderada por el procurador Daniel Soria Luján ingresó este pedido el 1 de agosto pasado. En el documento hay una lista de 40 personas, entre civiles y funcionarios públicos, para que acudan a la sede del Ministerio Público.
El paso de la Procuraduría se da debido a la actitud que Boluarte Zegarra tuvo durante el último interrogatorio, del 6 de junio pasado, ante las preguntas que esta institución y los abogados de las víctimas de las manifestaciones antigubernamentales le hicieron. En esa ocasión, la mandataria guardó silencio.
Busca archivar investigación
El pasado 23 de agosto, la defensa legal de la presidenta Boluarte solicitó que se archive la investigación abierta en la Fiscalía.
Joseph Campos, abogado de Boluarte Zegarra, señaló en diálogo con el programa ‘2023′ que las imputaciones hechas por el Ministerio Público “son de imposible realización”. Además, agregó que hay declaraciones de testigos que corroborarían que la mandataria no dio órdenes a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que ejecuten una violenta represión contra los manifestantes.
“Las imputaciones son de imposible realización, en particular el genocidio, y porque las principales declaraciones en esta investigación, a la cual nos hemos sometido voluntariamente, han arrojado que todos han establecido que no han recibo ningún tipo de instrucciones que resulte en la situación que hemos visto”, señaló al espacio de Panamericana Televisión.
El letrado agregó que las manifestaciones contra Boluarte Zegarra fueron “violentas” y tuvo un trasfondo político que no es más que separarla del cargo presidencial. "
“Lo que hubo fueron manifestaciones violentas con objetivos políticos que, en los Estados constitucionales, para tenerlos hay que hacer política. Si yo quiero acortar el mandato, pues hay que hacer política Si yo quiero cerrar el Congreso, hay que hacer política y someterme a lo que dice la Constitución. Lo que no puedes hacer es quemar comisarías, meter granadas, tomar aeropuertos y cerrar carreteras”, anotó.
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