El expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado y actos de corrupción, no habría podido lograr capturar la Policía Nacional del Perú (PNP) sin tener un operador clave. Este fue el excomandante general Javier Gallardo Mendoza.
En la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides ante el Congreso de la República, a la que Infobae Perú tuvo acceso, se menciona que la llegada de Gallardo a la comandancia de la PNP se habría dado a través del congresista Américo Gonza, de la bancada de Perú Libre.
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Según el Ministerio Público, Gonza era el denominado “brazo congresal” de la organización criminal liderada por Castillo Terrones. Así, el parlamentario de izquierda y Gallardo se juntaron con el expresidente en la sede del Ejecutivo el 6 de agosto del 2021. A la cita también asistió la empresaria Patricia Sovero Niño, quien fue policía y era proveedora del Estado.
Allí se concretó que Gallardo fuera el nuevo comandante general de la PNP, lo cual se materializó el 2 de setiembre del 2021 en una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.
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Esto es confirmado por el colaborador eficaz CE 04 - 2022 — EFICCOP, de fecha 06 de diciembre de 2022, en la que señaló lo siguiente: “Que la primera semana de agosto observo que el general Javier Santos Gallardo Mendoza, acompañado de la abogada Patricia [...] [Sovero] Niño, se encontraban en el estacionamiento del Palacio de Gobierno y luego ingresa acompañados del congresista Américo Gonza Castillo al despacho presidencial de Castillo [..]”.
La Fiscalía estima que “con la designación de Javier Santos Gallardo Mendoza como comandante general de la Policía Nacional del Perú, la organización criminal habría logrado copar el más alto nivel jerárquico dentro de esta institución, con el propósito de viabilizar la segunda fase de su plan criminal dentro de la misma, cual era controlar y direccionar el proceso de ascenso al grado de general 2021 [promoción 2022], a favor de determinados oficiales, a cambio de donativos económicos en beneficio de la organización criminal y, principalmente, de su líder”.
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Coordinaciones
Luego de ser nombrado como comandante general, Gallardo Mendoza puso en marcha la orden del expresidente Castillo para tener influencia en el proceso de ascenso dentro de la PNP, que se desarrolló en el 2021, y garantizar que la fuga de los miembros de su organización criminal en caso la justicia dictará alguna medida de detención.
Gallardo habría “promovido la elaboración de una directiva que regule el proceso de selección, mediante la cual se otorgue mayor poder discrecional en las evaluaciones al alto mando policial, lo cual no podría darse de otra manera que elevando el puntaje de indicadores subjetivos como la entrevista personal”.
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La División de Promoción, Nombramiento, Beneficios, Incentivos y Producción de Planillas, de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, acogió la idea de Gallardo. Así es que elaboró una propuesta de directiva que recogía, en cuanto al puntaje asignado al rubro entrevista personal, la valoración de treinta puntos tal como se estableció en el proceso de ascensos del 2020.
La directiva se la presentaron a Gallardo en una reunión en la que participaron también los siguientes mandos policiales: el entonces director de Recursos Humanos, el general PNP José Méndez Lengua; personal de la secretaría de la Comandancia General, el coronel PNP Diego Pérez Chávez, el coronel PNP Manuel Mar Pérez, ST2 PNP Judy Ramos Ramírez; el abogado Carlos Nieves Chen; y, el coronel PNP Luis Mejía Rodríguez, de la División de Promoción, Nombramiento, Beneficios, Incentivos y Producción de Planillas.
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Sin embargo, el excomandante general mostró dos objeciones que iban en la línea de lo que el expresidente Castillo buscaba influir en los ascensos de la PNP: el puntaje propuesto para la entrevista personal debía pasar de treinta puntos a cincuenta puntos y en la entrevista, cada postulante debía exponer un tema que era seleccionado al azahar [de un total de treinta y cinco temas], que sería definido por el Estado Mayor GeneraI.
Al final, la directiva de Gallardo fue aprobada y se dio el camino libre para que él tenga mayor poder en el proceso de ascensos dentro de la PNP.
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Este era el objetivo del expresidente Castillo que, a dos semanas antes de que acabe este proceso, habría ordenado a Bruno Pacheco, exsecretario presidencial, a que reciba del suboficial brigadier Jorge Tarrillo, quien era miembro de la escolta presidencial y supuesta persona de confianza, una lista en la que se consignaba nombres de coroneles de dicha institución que postulaban a ser generales para que se lo entregará al entonces comandante Gallardo a fin de beneficiarlos durante las entrevistas que sostengan.
Los beneficiados eran Enrique Antonio Goycochea Chunga, Roger Pérez Figueroa, Nicasio Zapata Súclupe, Manuel Jesús Rivera López y Jorge Luis Castillo Vargas. Sin embargo, al mencionado grupo de oficiales también se incluyó a los coroneles PNP Rodolfo Villanueva Nole, Eginardo Pérez Chávez, Fredy Aristo Del Carpio León, Max Henry García Esquivel y Edward Rando Espinoza López.
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Ningún coronel ascendió por méritos propios, sino por sobornos a Castillo.
Libre
El 27 de diciembre del 2021, Javier Gallardo se entregó voluntariamente a las autoridades para que responda por los ascensos irregulares dentro de la PNP. Sin embargo, el 21 de enero del 2022 fue puesto en libertad luego que el juez Leodán Cristóbal Ayala dictó solo comparecencia con restricciones y desestimó el pedido de la Fiscalía para que cumpla 36 meses de prisión preventiva.
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La medida contra Gallardo también alcanzó al mayor (r) Luis Ángel Tuesta Ramos, el general PNP Luis Enrique Legua Egocheaga y el suboficial Jorge Tarrillo Gálvez, quienes también fueron detenidos en el caso de los ascensos.
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