Otárola minimiza declaración de Gutiérrez ante Fiscalía sobre corrupción en EsSalud: “Es un tema superado”

El jefe de Gabinete, Alberto Otárola, desdeñó este miércoles la declaración que brindó ante el Ministerio Público la expresidenta ejecutiva del Seguro Social (EsSalud), Rosa Gutiérrez, luego de denunciar que la mandataria Dina Boluarte le pidió reponer en su cargo a un alto funcionario retirado por presunta corrupción.

“Eso es un tema que el Gobierno ya ha dado por superado y seguimos trabajando para beneficiar a los miles de asegurados”, dijo escuetamente durante una rueda de prensa al término de la sesión del Consejo de Ministros.

Gutiérrez añadió que recibió llamadas del asesor del gabinete de Presidencia y del secretario de Palacio de Gobierno para solicitarle la restitución del exfuncionario y que, posteriormente, fue la propia mandataria quien la llamó para exigirle la medida.

“Le dije claramente que teníamos que hablar, porque hay supuestos actos de corrupción: ‘ya tengo los expedientes y necesito darle cuenta’”, indicó.

Según su declaración, esa cita no llegó a concretarse porque fue sorprendida con su destitución solo 12 días después de asumir el cargo, en medio de cuestionamiento del Colegio Médico y la oposición política, que pidió su dimisión inmediata.

“Quiero defender la altura moral y la calidad ética de la presidenta de la República. La presidenta de la República, como todos los funcionarios y ministros de Estado, estamos permanentemente ocupados e interesados en que la gestión pública se desarrolle de acuerdo a las más altas convicciones democráticas, pero también cuidando el dinero del Estado; y EsSalud no escapa a esta visión”, refirió a la prensa.

Previamente, el diario oficial El Peruano había publicado la resolución que daba por concluida la designación de Gutiérrez en el Seguro Social y, en su reemplazo, fue nombrado el médico César Linares, quien enfrenta a un pedido de 3 años y 6 meses de cárcel por la presunta colusión.

El fiscal Arturo Valencia Paiva, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, formalizó en 2020 la acusación fiscal contra el entrante jefe de EsSalud y otros siete implicados, a quienes se les imputa hacer pasar la compra de un ecógrafo 2D como uno 3D-4D eco-doppler a color.

Además de prisión preventiva, el Ministerio Público solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos y 200 días multa. El caso se encuentra en el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que programó la instalación del juicio oral para julio de 2024, según La República.

La mandataria enfrenta una investigación preliminar por cargos por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves (a raíz de las muertes en protestas) y por presunto delito contra los derechos de autor, en la modalidad de plagio, en dos obras que consignó en su biografía académica.