La empresa Rutas de Lima se expresó en contra de las expresiones del alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, quien anunció que el próximo 29 de julio culminaría el contrato de concesión, ya que habría encontrado “la fórmula de caducidad”.
De acuerdo al burgomaestre, el proceso de término unilateral consiste en pagarle el daño emergente, “que es lo que ha invertido [el consorcio], que es mínimo”, indicó el burgomaestre, pese a que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) decidiera suspenderlo.
“Tales declaraciones desinforman y confunden a la población, atentan contra la inversión privada y ponen en peligro la seguridad jurídica y el estado de derecho en el país, requisitos indispensables para las inversiones de gran escala y a largo plazo que Perú buscó atraer, y que Rutas de Lima y sus inversores efectivamente desarrollaron en el país”, acotaron.
Señalaron que la posición de anular el acuerdo con la Municipalidad de Lima fue negada en “dos laudos con valor de cosa juzgada, confirmando la plena validez del contrato de concesión y desecharon los argumentos de corrupción planteados”.
“Las acciones referidas por el alcalde de Lima tendientes a continuar el proceso de caducidad y tomar control de la Concesión desconocerían las medidas cautelares del Tribunal Arbitral y serían, por tanto, ilegítimas”, mencionaron.
Rafael López Aliaga sigue firme en anulación de contrato
En diálogo con Canal N, la autoridad edil cuestionó el comunicado expresado por la concesionaria e indicó que tienen una estrategia legal para culminar el pacto unilateralmente con apoyo del titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez.
“Es un tribunal que se constituye con sus reglas de juego, con ciertos parámetros de las naciones unidas, pero no es la haya. […] La misma señora Elvira Martínez Coco, quien es parte del tribunal, dice que este contrato es corrupto, nulo y que no es aplicable a Perú hasta que no llegue validado por un juez peruano. Agradezco el voto disidente que dio la señora en ese momento, porque me da argumento para volver al tema de nulidad absoluta del contrato”, expresó.
En esa línea, señaló que el “tribunal fue pedido en diciembre del año pasado con pretensiones económicas, por lo que no son competentes para temas de caducidad, en opinión de la procuraduría municipal”.
Sobre qué pasaría si la empresa no cumple con su fecha límite, indicó que cuentan con una estrategia que implementarán en caso sea así. No obstante, descartó la toma del peaje, pues “hacerlo sin tener una medida de un juez es delito de usurpación agravada”.
Defensoría en contra del contrato
La entidad liderada por Josué Gutiérrez publicó un video en contra del acuerdo entre el MML y Rutas de Lima, denunció la inexistencia de una vía alterna a la unidad de peaje de Chillón y de la prohibición de su instalación, lo que “vulnera el derecho al libre tránsito”.
Además, cuestionaron el redondeo de las tarifas a favor de la empresa, lo cual “afecta los derechos de los usuarios y vulnera el derecho de la propiedad”.
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