Luciana León, sus vínculos con la corrupción y la organización criminal ‘Los intocables ediles’ que la pueden llevar varios años a prisión

Luciana León será investigada por el Ministerio Público. Así lo decidió esta tarde el Congreso de la República luego de aprobar la denuncia constitucional en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, organización criminal, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación en agravio del Estado peruano.

La exaprista tendría una cercana relación con los escándalos de corrupción, pues las pruebas que ha recogido la Fiscalía de la Nación indican que ha estado involucrada junto a ‘Los Intocables Ediles’, una presunta organización criminal que se encargaría de costosas obras públicas en el distrito de La Victoria.

Todo inició en el 2018, cuando la Policía intervino a Elías Cuba, alcalde de La Victoria, y otros empleados de la municipalidad por el caso ‘Los Intocables Ediles’. En un inicio se presumía que el titular de la comuna era el cabecilla de esta supuesta organización criminal. En el caso también estaba involucrado Alexander Peña Quispe, quien presuntamente se desempeñaba como el financista.

Para el Ministerio Público, mediante estas obras, la organización criminal lograba recaudar hasta S/ 25 millones en cobros ilegales. No obstante, nada de esto era posible sin la participación de un personaje político que interviniera para que estos se encarguen de los proyectos en la municipalidad.

Un colaborador eficaz que forma parte de la investigación reveló ante la Fiscalía que era Luciana León la encargada de conseguir las obras públicas a cambio de “retribuciones económicas” que eran otorgadas por Peña Quispe. Según su versión, León recibió S/ 15 mil y S/ 20 mil mensualmente. Betsy Matos Franco también fue beneficiada con estos montos.

La fiscalía afirma que la excongresista era “el brazo legal y político encargado de ofrecer su amplia red de contactos con políticos y altos funcionarios, así como interceder y gestionar ante ellos para satisfacer los requerimientos y necesidades de la organización delictiva con claros fines económicos”.

Un aspirante a colaborador eficaz confirmó ante el Equipo Especial Lava Jato, del Ministerio Público, que Luciana León sí pertenecía a ‘Los Intocables Ediles’, pues informó que Alexander Peña Quispe le enviaba dinero mediante ‘tamalitos’ dinero a la exfuncionaria. Según indicó, estos paquetes eran recibidos por el chofer de la joven.

“Niego fácticamente el hecho de que [yo] sea parte de una red o conocer el teje y maneje de esta red”, dijo la acusada en comunicación con la prensa. Sin embargo, el medio Punto Final difundiría una serie de chats que la comprometerían.

“¡Ninguno, me muero! O sea, tu asistente se zurró en mis pedidos, en lo que te comprometiste con el alcalde. En su cara le dijiste que sí salían, que 55 lo manejabas. De los 11 que te dio el alcalde, solo has sacado uno, que es el más misio, que es el número 3 de la lista de arriba. Por favor, ¡¿puedes hacer algo?! Estoy afuera, te espero. No me quiero ir con esta angustia. Parece que los de abajo mandarán y no el ministro. ¡Me hacen eso y los boto!”, reclama a Alfredo Thorne, entonces ministro de Economía.

El programa periodístico se comunicó con el extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para conocer su versión de los hechos, quien respondió que durante su gestión no se aprobó ningún proyecto promovido por la abogada. Además, confesó que esta era sumamente insistente y le “rompía el celular” con llamadas.

“Tuvimos una reunión recuerdo los primeros días de junio donde la congresista pidió apoyo para unos proyectos de pistas y veredas que no era competencia del MEF y se le dijo junto al equipo técnico del MEF que no teníamos competencia y no teníamos cómo ayudar”, detalló.

Por el delito de peculado con agravante de pertenecer a una organización criminal, Luciana León podría ir de 8 a 15 años de prisión, mientras que por el delito de asociación ilícita para delinquir se sancionaría con 4 a 8 años de cárcel efectiva. Finalmente, el delito de cohecho pasivo impropio podría requerir de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad.