Durante el período de violencia terrorista en el país se registraron una serie de ataques homofóbicos en contra de la comunidad LGBTI. Uno de los casos más estremecedores se registró en 1989, cuando una persona fue encontrada muerta con un cartel en el pecho que reflejaba el alto nivel de odio y rechazo que recibían los homosexuales: “así mueren los maricones”.
Los crímenes de odio en Perú suelen no alcanzar justicia. Entre 1980 y 1990 se perpetraron las masacres de Aucayacu y la matanza de Las Gardenias, ataques que acabaron con la vida de muchas personas de la comunidad.
Las Gardenias era una discoteca ubicada en la región San Martín, la cual funcionaba como punto de entretenimiento para cientos de homosexuales, personas trans y más. La noche del 31 de mayo, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) ingresó al establecimiento, sacó del lugar a ocho gays y trans, y los asesinó a balazos.
De acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en este cruel ataque fallecieron Max Pérez Velásquez, Luis Mogollón, Alberto Chong Rojas, Rafael Gonzáles, César Marcelino Carvajal, Carlos Piedra, Raúl Chumbe Rodríguez y Jhony Achuy.
Han pasado más de 35 años desde que estos crímenes acabaron con la vida de miembros de la comunidad LGBTI, sin embargo, las víctimas aún no tienen justicia. Por el contrario, las últimas decisiones del Ministerio Público obstaculizan el avance de estos procesos.
Desarticulan las fiscalías
A inicios de enero, cuando el país pasaba por una de las crisis sociales más preocupantes de los últimos años, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, optó por desarticular todo el sistema de fiscalías especializadas en derechos humanos, interculturalidad y terrorismo.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advirtió que la titular del Ministerio Público dispuso la reducción de estas de 12 a solo siete a nivel nacional. La decisión ocasionó que se reduzca el personal, presupuesto y logística para estas entidades. Lo que antes se desempeñaba como un ente, ahora se dividió en dos entes: la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo y delitos conexos.
Todos los avances que las fiscalías tuvieron durante más de 30 años ahora serán retrasados, pues los nuevos operadores de justicia deben tomar conocimiento de los casos que acumulan cientos de medios probatorios y que son nuevos para ellos. “Los acusados son exlíderes del MRTA y aún no hay sentencia. Es más, el caso fue afectado por la reciente reorganización de las fiscalías”, dijo la investigadora Elizabeth Salazar a través de su cuenta de Twitter.
El delito de ser LGBTI
El MRTA acabó con la vida de Franshua Pinchi, una mujer trans que se desempeñaba como estilista en Tarapoto. La trabajadora debía pagar a los integrantes de la organización terrorista para que continúe con vida, pero en 1990 fue asesinada en un corral.
De acuerdo a ‘Crímenes silenciados’, un reportaje de la periodista Elizabeth Salazar, la mayor persecución contra homosexuales se dio en el sector La Hoyada, una zona donde personas trans y homosexuales crearon canchas deportivas para jugar voley. Sin embargo, esta zona fue invadida por Sendero Luminoso para perpetrar uno de sus matanzas más crueles: la agrupación terrorista convocó a periodistas para que evidencien cómo fusilaban a un grupo de integrantes de la comunidad LGBTI.
El diario Página Libre también informó de los actos de tortura que sufrieron dos jóvenes homosexuales, quienes fueron trasladados por miembros del MRTA para golpearlos, amenazarlos de muerte, desnudarlos y dejarlos atados. Muchas personas tuvieron que cambiar su personalidad, actitudes y hasta actividades para evitar ser asesinadas.
“Hice muchas cosas para sobrevivir. Me presenté al servicio militar para esconderme, para cuidarme y salvaguardar mi vida (...) Tenía que estar pendiente de mi actitud, no podía ser yo”, contó Sergio Venegas a Crímenes silenciados.
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