La presidenta de la República, Dina Boluarte, fue interrogada la semana pasada en la Fiscalía de la Nación como parte de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a raíz de las muertes ocurridas en las protestas sociales contra su gobierno entre diciembre del 2022 y enero de este año.
Durante la diligencia, sin embargo, Boluarte Zegarra no habría respondido a ciertas preguntas. Solo se limitó a contestar lo que la fiscal Patricia Benavides le planteó, pero guardó silencio ante los cuestionamientos de los representantes de la Procuradoría General del Estado y de los deudos de las víctimas. Así lo dio a conocer la abogada Gloria Cano.
“Ella en la anterior diligencia habría señalado que estaba allana a responder a la Procuraduría y representación de las víctimas si es que el juez lo dijera, el juez lo ha dicho y no cumplió con lo señalado”, mencionó la letrada en conversación con RPP Noticias. Adicionalmente, anotó que las interrogantes de la titular del Ministerio Público fueron muy generales y sin repreguntas.
A raíz de esta situación, el fiscal supremo adjunto Marco Huamán justificó la decisión de la presidenta Boluarte cuando ayer fue abordado por los periodistas.
“Todo investigado puede hacer uso de su derecho a guardar silencio. Ella puede guardar silencio y contestar o no las preguntas si desea”, dijo el fiscal que investiga a la mandataria.
Además, Huamán precisó que respetan el debido proceso en el Ministerio Público frente a un caso que ha sido considerado como “complejo”.
“Es un hecho complejo y necesita el tiempo para el desarrollo de las investigaciones. Estamos investigando ya van a tener los resultados”, manifestó.
Agregó que la fiscal Patricia Benavides no indaga sobre la presunta responsabilidad que habrían tenido los mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) porque eso le corresponde al equipo especial fiscal en derechos humanos que se creó en marzo pasado.
“La señora fiscal no tiene competencia para investigar a los militares porque no se encuentra revestido por la prerrogativa del artículo 99″, recalcó.
Hay que señalar que la presidenta Boluarte no solo está investigada en este asunto, sino que incluyen a actuales y antiguos miembros de su gabinete. Se trata de Alberto Otárola, actual presidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa; Pedro Ángulo, extitular de la PCM; Jorge Chávez Cresta, actual ministro de Defensa; y Víctor Rojas y César Cervantes, exministros del Interior.
Cabe recordar que antes de la presentación de la jefa de Estado, diversos mandos de las FF.AA. y la PNP fueron citados a declarar.
El 5 de junio, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, no declaró ante el Ministerio Público.
Previamente, se informó que Guillermo Ojeda, comandante general del Ejército, tampoco se presentó a declarar como testigo en la investigación contra la presidenta Boluarte el 26 de mayo.
De igual manera pasó con Raúl Alfaro, excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien señaló que no daría ninguna declaración porque existe otra investigación que abrió la Fiscalía de Derechos Humanos por el uso desproporcionado de la fuerza que habría ejercido su institución en el sur del país.
Reunión secreta
Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, la fiscal Patricia Benavides tuvo una reunión por espacio de diez minutos con la presidenta Boluarte antes de que la interrogue oficialmente.
Fuentes del citado medio de comunicación señalaron que ambas tuvieron este encuentro en un ambiente especial. Allí, la mandataria le habría entregado una serie de chats con el premier Alberto Otárola, exministro de Defensa, en los que, entre otras indicaciones, “reitera que el uso de la fuerza debe ser siempre dentro de las reglas y marco legal [...] y que la prioridad es la vida de los ciudadanos”.
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