Puno, una región rica en historia y cultura, se encuentra sumida en un prolongado estado de emergencia. Sus calles han sido testigos de un control del orden interno ejercido por el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas, una medida que ha sido recientemente ampliada hasta el 5 de agosto del presente año. Con más de medio año bajo este régimen de excepción, los puneños enfrentan una crítica situación que limita sus libertades.
La prórroga del estado de emergencia en Puno responde a la aplicación del artículo 137 de la Constitución Política, que establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.
Durante este periodo de emergencia, las Fuerzas Armadas tienen la labor de proteger los activos críticos nacionales, con intervención y apoyo de la Policía Nacional, y la protección a instituciones públicas, privadas e instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales y vías que determine la policía.
“Es una provocación”
A medida que pasaban los meses, el Ejecutivo extendía continuamente el estado de emergencia en Puno a través de decretos supremos. Los considerandos de estas normas se basaban en informes policiales y castrenses que respaldaban la necesidad de mantener esta medida excepcional en la región.
Para el analista político y abogado Ángel Huanca, citado por Pachamama Radio, esto era una clara estrategia del gobierno central para sofocar nuevas movilizaciones y protestas en las que la población buscaba hacer sentir su voz de protesta.
La intención del gobierno fue calificada por Huanca como una ‘provocación’ hacia el pueblo puneño, que estaba organizado y planeaba reanudar las protestas para el próximo mes de julio y se había anunciado una tercera ‘toma de Lima’.
Van seis meses
La historia de esta situación se remonta al 14 de diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte, quien apenas llevaba siete días en el poder, declaró el estado de emergencia a nivel nacional debido a las intensas protestas sociales que exigían su renuncia y la inmediata liberación de Pedro Castillo y su reposición en el cargo de presidente.
Mediante el Decreto Supremo n.° 143-2022-PCM, se estableció esta medida excepcional que afectaría a todo el país. En ese entonces, la Policía Nacional del Perú recibió apoyo militar para controlar el orden interno, pero los roles se invertirían pronto en Puno.
A principios de febrero de este año, una escalada de violencia en la región obligó a un cambio en la estrategia. Ahora, eran las Fuerzas Armadas las encargadas de asumir el control interno, mientras que la Policía Nacional brindaría apoyo en la tarea. El aumento de heridos y fallecidos, muchos de ellos víctimas de disparos de armas de fuego, había llevado al gobierno a tomar esta drástica medida para restaurar la paz y el orden en Puno.
¿Cuáles son los criterios para el estado de emergencia?
Es importante conocer los criterios del Tribunal Constitucional (TC) para la declaración de un estado de emergencia. En la sentencia del caso 00964-2018-PHC/TC, emitida en 2021, se establecieron tres criterios fundamentales que legitiman la aplicación de un estado de excepción.
El primer criterio es el de ‘temporalidad’, lo cual significa que la medida debe tener una duración limitada y no extenderse indefinidamente sin una sólida justificación. Si no se cumple este requisito, sería considerada inconstitucional.
El segundo criterio es el de ‘proporcionalidad’, lo que implica evaluar si el estado de emergencia está realmente ayudando a resolver la situación que motivó su declaración. Es importante que la medida sea adecuada y no genere más problemas o violaciones a los derechos fundamentales.
El último criterio es el de ‘necesidad’. Esto significa que tanto la declaración inicial como cualquier prórroga del estado de emergencia deben estar respaldadas por la falta de alternativas menos severas para abordar la situación de emergencia. Se deben priorizar la negociación y el diálogo constante como herramientas para resolver los problemas, utilizando el estado de excepción solo cuando todas las demás opciones hayan sido agotadas.
A pesar de la prolongada situación de emergencia, las diversas organizaciones sociales de Puno aún no se han rendido en su lucha contra el gobierno de Dina Boluarte. El pasado 30 de mayo, se llevó a cabo un paro de 24 horas en la región, pero la medida no fue acatada en la mayoría de provincias.
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