Panorama ha revelado comunicaciones que evidencian los esfuerzos que se hizo desde el Gobierno de Martín Vizcarra y la gestión de la exministra de Salud Pilar Mazzetti para autorizar el ingreso de vacunas Sinopharm externas al ensayo.
Esto se inició, al menos, en agosto del 2020, cuando la pandemia del COVID-19 se encontraba en su momento más crítico, causando la muerte de cientos de peruanos.
Todas estas comunicaciones, cables y documentos fueron enviados desde la Embajada de Perú en China hacia la Cancillería peruana, haciendo recordatorios y presionando para que se concreten las autorizaciones correspondientes del lote de vacunas con el que, finalmente, se inocularon Vizcarra, Mazzetti, altos funcionarios y sus familiares.
Los detalles
Las comunicaciones permiten trazar un línea cronológica de la que se sabe que, primero, el Gobierno de Martín Vizcarra pidió, mediante su embajador en China, un lote de alrededor de 2 mil vacunas.
Posteriormente a ello, Pilar Mazzetti se habría reunido con el embajador chino y, en dicha reunión, el representante diplomático le habría solicitado autorización para recibir “vacunas de emergencia” para 600 personas (es decir, 1.200 dosis extras).
Así, el primer mensaje que se tiene data del 25 de agosto del 2020. En esta comunicación se confirma que el embajador chino en el Perú se reunió con Mazzetti cinco días atrás, es decir, el 20 de agosto. Esta información se supo porque una ejecutiva de Sinopharm se lo recordaba a Luis Felipe Quesada Incháustegui, entonces embajador de Perú en China.
Luego, el 26 de agosto del 2020 llegó otro mensaje a la Cancillería.
“Esta Embajada [de Perú en China] desea reiterar la importancia de conocer respecto a la autorización del Ministerio de Salud para el uso de las 3.200 dosis de vacunas de emergencia”, se lee en la comunicación. Esto, además, muestra las presiones que habían para que se autorice de manera célere el ingreso de estos productos biológicos.
Solo un día después, el 27 de agosto del 2020, el entonces embajador de Perú en China Quesada Incháustegui le decía a Cancillería que Sinopharm necesitaba recibir el permiso ese mismo día, sino se cancelaría el envío de vacunas,
“Señaló la empresa [Sinopharm] que, si no es posible obtener dicha autorización del Minsa hoy, lamentablemente no podrán llevarlas al Perú”, se informaba.
Finalmente, 3.200 vacunas llegaron al Perú a inicios de setiembre. De este total, 2.000 fueron controlados por el director del ensayo, mientras que 1.200 fueron a la Embajada de Perú en China, cuyo fin habría sido el hombro de Vizcarra, Mazzetti y compañía.
Premeditación
Omar Neyra, especialista en salud pública, señaló para Panorama que los estudios con productos biológicos deben cumplir altos parámetros en sus diferentes procesos.
“Estos estudios con productos biológicos a nivel internacional y nacional tienen normas, leyes, muy estrictas. Nunca ingresa un gramo más, mililitro más, de un producto que no tiene autorización. Y estas 3.200 dosis ingresaron fuera del estudio. Esto está prohibido en cualquier país. Se llama contrabando de productos biológicos”, señaló.
Asimismo, el especialista indicó que estas nuevas comunicaciones revelan que hubo desde un inicio la intención del gobierno de turno de sacar provecho en un momento de crisis sanitaria global.
“Esto [las comunicaciones] confirman que hubo una predisposición política para favorecer claramente a un laboratorio privado para tener mucha ventaja e ingresar de manera irregular, y no para el estudio, cuando debió ser solo para estudio, sino que ingresó para favorecer a Vizcarra, Mazzetti y otros funcionarios”, precisó.
“Todo esto probaría que actuaron con premeditación, con conocimiento de todo esto desde agosto del 2020, en plena crisis de la primera ola”, complementó Omar Neyra.
Por su parte, la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contó que, en el marco de las investigaciones que realizaban sobre el “Vacunagate”, solicitaron las declaraciones del embajador chino con el realizó estas gestiones Mazzetti, pero no fue posible obtenerlas.
“[¿Se interrogó al embajador chino en Perú?] Mi gestión hizo los trámites, mandamos un oficio en agosto, en noviembre. La documentación me llega a mí en enero del 2022. Estábamos a la espera de esas declaraciones del embajador chino en Perú. Era tan importante para terminar [la investigación]. Era lo único que faltaba para terminarla, [pero no se dio al término de mi gestión]”, explicó Ávalos.
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