
El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), consideró este martes que la propuesta legislativa para incrementar las penas por difamación y calumnia despliega un “riesgo” para los medios y, además, podría ser empleada “de mala forma” para contravenir la libertad de expresión.
En una entrevista con Radio Nacional, el legislador confió en que, en segunda votación, esta iniciativa impulsada desde la bancada de Perú Libre tenga un “amplio debate” en el pleno.
“Hay casos en que, a través de las redes, se calumnian a las personas, y no me refiero específicamente a los medios, sino que puede haber calumnias de un compañero de trabajo a otro. Hay muy buenos periodistas, pero posiblemente haya alguno que no hace su tarea como corresponde. En las redes, cualquiera puede decir cosas”, dijo.

La propuesta, aprobada en primera votación el pasado jueves, obtuvo 69 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones. La segunda votación debe realizarse en siete días calendario.
El dispositivo dispone modificaciones al Código Penal para elevar entre 120 y 365 días-multa la sanción por el delito de calumnia, y pena privativa de la libertad “no mayor de cuatro años, con 90 a 120 días-multa” por el delito de difamación, además de “reparación civil en favor del querellante”.
Oposición
El Colegio de Periodistas del Perú, la Asociación Nacional de Periodistas y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) han señalado que la iniciativa es una coacción a la prensa y promueve el amedrentamiento contra periodistas.

La bancada de Fuerza Popular, por su parte, consideró que no tiene “lógica jurídica”. A través de un comunicado, la tienda naranja rechazó “las posiciones extremistas que pretenden aprobar un marco normativo que buscaría endurecer penas y encarcelar periodistas que ejercen un rol fiscalizador”.
“Los delitos contra el honor, son eso, si yo me siento afectado a mi honor, yo lo que voy a buscar es la verdad, es decir, que se sepa la verdad y que quede demostrado que lo que dijo quien ha afectado mi honor no es verdad”, dijo.
Según Galarreta, el marco legal y las penas ya existentes sobre los delitos contra el honor son suficientes. “Mi objetivo no es meter presa a la persona que ha afectado mi honor, salvo que sea un tema de venganza”, recalcó.
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