
Es muy conocido que la relación entre la presidenta de la República, Dina Boluarte, y sus homólogos Gustavo Petro (Colombia), Gabriel Boric (Chile) y Andrés Manuel López Obrador (México) no es buena porque tienen posiciones contrarias respecto al fallido autogolpe de Estado que Pedro Castillo realizó el 7 de diciembre del año pasado. Una vez más, lo ha ratificado.
En una entrevista con el diario El Comercio, Boluarte Zegarra lamentó que sus pares defiendan a Castillo cuando quiso quebrantar el orden constitucional. “Yo lamento mucho que estos presidentes tengan que acompañar en su defensa a un expresidente que dio un golpe de Estado, que lo convierte en un dictador y, encima, investigado por temas de corrupción”, anotó.
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La mandataria recalcó que Petro, Boric y AMLO “ellos han sido elegidos democráticamente por el pueblo”. Por esa razón, se preguntó si “¿también desean convertirse en dictadores como el expresidente y por eso amparan y protegen con sus mensajes, allá donde pueden, a un dictador investigado por corrupción?”. “Eso es lo que me da pena de estos líderes de izquierda”, enfatizó.
Boluarte también refirió que la injerencia externa sigue hasta hoy por las declaraciones de los citados jefes de Estados. Además, incluyó a el expresidente boliviano Evo Morales, quien ha sido uno de los más fervientes defensores de Castillo.
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Relación tensa
Como es público, AMLO ha lanzado duros cuestionamientos contra la presidenta Boluarte a tal punto que no la reconoce. El pasado 17 de febrero, el dignatario mexicano llegó a calificar como “espurio” al actual régimen peruano.
“Estamos buscando la manera de entregar la presidencia. Le correspondía al Perú, pero cuando se iba a llevar a cabo la reunión, no le permitieron al presidente salir. Luego íbamos nosotros a visitar Perú y lo detuvieron en esto que yo considero un golpe de Estado técnico, aunque también ha utilizado a la policía”, dijo AMLO, quien ha ofrecido su apoyo al expresidente Pedro Castillo.
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“Fue un acto ilegal, antidemocrático, arbitrario, no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Yo no quiero entregar la presidencia a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo de Rí. (...) Yo no quiero legitimar un golpe de Estado”, agregó.
Por su parte, Petro también persiste en su defensa a favor de Castillo. “La crítica no es a un lado, sin mirar al otro [...] ¿Pero no miramos Perú, entonces? ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos, es decir, en contravía de la Carta Democrática?”, cuestionó durante su presentación en la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 20 de abril.
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“¿Se pueden echar presidentes electos porque sí, porque no tienen la mayoría en el Congreso, cuando son electos por el pueblo? ¿Dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial de juez penal quita derechos políticos?”, prosiguió el jefe de Estado.
La declaración motivó que el embajador peruano Gustavo Adrianzen abandonara la reunión, que se desarrolla desde hace tres días en Washington.
Desde el gobierno rechazaron las declaraciones del primer mandatario y lo acusaron, de nuevo, de entrometerse en los asuntos internos de esa nación. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó inconformidad por esa postura, que se agudizó durante las protestas que vivió ese país hace algunas semanas. “Canciller (Ana Cecilia) Gervasi: Nueva e inaceptable injerencia de Gustavo Petro en asuntos del Perú, en la OEA y en violación a su carta constitutiva”, expresaron.
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