
Los efectos del ciclón Yaku revelaron que poco o nada se había avanzado en la gran tarea de reconstruir el norte del país tras el paso del fenómeno El Niño en el 2017. Desde el Ejecutivo se anunció que se presentaría un proyecto de ley para responder a dicha situación. Finalmente, se ha optado por promover la creación de una nueva entidad estatal que se haga cargo de proyectos olvidados por las autoridades.
La Autoridad nacional de infraestructura es la apuesta del gobierno de Dina Boluarte para que se concreten proyectos en diversas partes del país. El texto presentado al Congreso señala que dicha propuesta buscar crear que formule, ejecute y mantenga " proyectos o programas de inversión del clasificador de responsabilidad funcional en: Transporte, Salud, Educación, Vivienda y Desarrollo Urbano, Saneamiento, Agropecuaria, Orden Público y Seguridad, y Ambiente.
Será esta entidad la encargada de poner en marcha proyecto o programas de inversión que han sido programadas por cualquiera de los tres niveles de gobierno. El texto que ya se encuentra en manos del la representación nacional da cuenta de siete principales funciones de la nueva institución.

a) Formular y ejecutar los proyectos o programas de inversión que estén a su cargo en coordinación con los tres niveles de gobierno, según corresponda.
b) Mantener la infraestructura, equipamiento y/o mobiliario de los proyectos o programas de inversión ejecutados por un periodo de hasta cuatro (04) años, de corresponder.
c) Formular y ejecutar, mejorar y conservar obras de defensa civil estratégica, para prevenir y/o controlar inundaciones y otros peligros asociados al cambio climático u otras calamidades públicas.
d) Gestionar y suscribir contratos, acuerdos y/o convenios vinculados al cumplimiento de su objeto.
e) Asegurar que los estudios técnicos y consultorías especializadas cuenten con la calidad suficiente para garantizar la incorporación de los parámetros técnicos. Asimismo, se encarga de publicar en la sede digital de la Autoridad el impacto de las consultorías que se efectúen a propósito de la cooperación y las operaciones oficiales de crédito en el cumplimiento de su objeto.
f) Ejercer las facultades coactivas a nivel nacional respecto a los procesos y procedimientos de su competencia de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y al Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, en lo que corresponda y cuando la Autoridad sea Entidad Ejecutora.
g) Informar a los órganos rectores de los sistemas administrativos las buenas prácticas de gestión de proyectos, a partir de las intervenciones que ejecute.

El proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo ya había sido anunciado semanas atrás cuando las lluvias destruyeron decenas de hogares y pusieron en riesgo diversos edificios públicos, sobre todo escuelas. El premier Alberto Otárola instó al Congreso a atender con prioridad el proyecto a fin de que la institución por crearse atienda los pedidos de la población.
Entre los proyectos que atendería la nueva autoridad se encuentran los relaciones a servicios de alerta temprana, drenaje fluvial y protección de quebradas. “No se va a tratar de una nueva autoridad o un nuevo ente burocrático, sino que absorberá por absorción a la ARCC con modificaciones sustanciales y radicales. Lo repito, en primer lugar, priorizando las obras que se debieron hacer”, agregó en conversación con la prensa.
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