Perú ante el Consejo de DDHH de la ONU lamenta que se estigmatice a manifestantes llamándolos terroristas

Por estos días, sesiona en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Uno de los temas a tratar fue la situación en Perú, donde se cuentan más de 60 muertes a raíz de las protestas por la crisis política que se vive en el país.

El representante de Perú ante el Consejo, Luis Chuquihuara, salió en defensa del gobierno de Dina Boluarte. Respecto a las muertes que fueron producidas por las fuerzas del orden, señaló: “Las inspectorías correspondientes de los ministerios del Interior y Defensa están también actuando ante los hechos y confiamos contar con sus resultados en el más breve plazo”.

Asimismo, refirió que es notorio que el Perú atravesó dos décadas de un “agudo flagelo terrorista”, por lo que existen aún grupos remanentes que sobrevivían vinculados al narcotráfico, “que reivindican la narrativa del senderismo y ameritan la atención de las instituciones del Estado a fin de resguardar la convivencia pacífica que tanto tiempo y esfuerzo nos costó como país”.

Chuquihuara afirmó que las heridas sociales de este periodo de nuestra historia siguen aún muy vivas. Por lo mismo, lamentó que ante esta realidad, en un ambiente de creciente confrontación y polarización como en toda la región y en el mundo, “sectores de la opinión pública confundan ese periodo oscuro de nuestra historia reciente de una manera que tienda a estigmatizar el ejercicio del legítimo derecho a la manifestación pacífica”.

Perú en la mira

Expertos de la ONU expresaron el lunes pasado su profunda preocupación por las continuas denuncias de represión, asesinatos arbitrarios, arrestos, detenciones y desapariciones forzadas de manifestantes en Perú e instaron a las autoridades a establecer un diálogo genuino con la gente para poner fin a la crisis política del país.

En un comunicado reconocen que las protestas estallaron con el fallido autogolpe de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como mandataria. Y sus exigencias responden al cierre del Congreso, a la organización de elecciones generales, la reforma constitucional y la liberación de Castillo. Precisan que en reacción a las protestas, el Gobierno declaró el estado de emergencia por un mes que ha sido renovado dos veces. Hasta el momento, no se han programado nuevas elecciones generales y no se han atendido las demandas de reforma constitucional.

“En cualquier sociedad democrática, las personas tienen derecho a protestar y expresar sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan sus vidas y medios de subsistencia. La democracia peruana enfrenta una crisis de credibilidad que solo puede ser resuelta a través de un diálogo genuino, involucrando a la población y tomando en cuenta sus aspiraciones de reforma”, dijeron los expertos de la ONU.

Asimismo, los expertos expresaron su preocupación por los informes de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios que cubren las protestas, incluidos los ataques deliberados por parte de las fuerzas policiales, e instaron al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los periodistas que cubren los eventos puedan operar de manera segura.

Los expertos reiteraron la obligación del Estado de realizar investigaciones exhaustivas, prontas, efectivas, imparciales e independientes sobre las presuntas violaciones de derechos humanos. Recordaron que se debe garantizar la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas.