Ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, presidida por el magistrado Juan Carlos Checkley, la Procuraduría General del Estado sustentó su solicitud de tutela de derechos para formar parte de la investigación contra la presidente de la república, Dina Boluarte, y el premier Alberto Otárola por el presunto delito de genocidio.
Otros involucrados en el caso -donde también se incluyen los supuestos delitos de homicidio calificado y lesiones graves- son el ministro de Defensa, Jorge Chávez; el expremier Pedro Ángulo y el exministro del Interior, César Cervantes.
Los mencionados son investigados por los decesos producidos en el marco de las manifestaciones, a nivel nacional, iniciados en diciembre del año pasado.
En la audiencia, suscitada este jueves dos de marzo, la defensa del Estado pidió la nulidad del acta de la declaración del primer ministro, quien brindó sus descargos el último 16 de febrero. La institución exhortó a que se ordene al Ministerio Público programar una nueva diligencia con la participación del procurador.
“No tienen por qué anular la declaración. Si quieren alguna precisión [pueden solicitarlo] (...) la interpretación que hace la Procuraduría no resulta procedente porque esta no puede ser extensiva o análoga (…) al anular la declaración lo están perjudicando [al premier]”, sostuvo la abogada de Otárola Peñaranda.
A su vez, desde la Procuraduría General se recordó que la Corte Suprema “estableció que existe un derecho a la verdad, a conocer lo que en efecto ocurrió y a tener la legitimidad para reclamar” en el marco de una diligencia.
“Nuestro derecho de participación no es sentarnos a escuchar lo que declara un investigado, sino que se nos de la oportunidad de preguntar a través del Ministerio Público (…) en el presente caso, sí se ha vulnerado un derecho de participación procesal porque no somos oidores, somos parte procesal que tiene derecho de participación activa porque que tiene derecho a conocer, a su derecho a la verdad, eso ya lo ha establecido la Corte Suprema”, señalaron.
Tras concluir los informes de los representantes de la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa del titular del Gabinete Ministerial, el juez supremo Checkley anunció que su decisión será notificada en el plazo de ley estimado.
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