Tras los últimos cuestionamientos que recibió su Gobierno por el operativo policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la presidente de la república, Dina Boluarte, fue denunciada constitucionalmente, una vez más, por presuntas infracciones a la Carta Magna.
La legisladora Ruth Luque, del grupo parlamentario Cambio Democrático-Juntos por el Perú, se encargó de la elaboración del texto e invitar a otros congresistas a firmar el documento.
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La denuncia ya fue extendida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por Lady Camones Soriano (Alianza para el Progreso), para su posterior estudio y debate. En el citado grupo de trabajo se designará a un congresista encargado de su evaluación, análisis y posterior informe.
Boluarte Zegarra no es la única funcionaria pública comprendida en esta denuncia. Según el expediente, el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda; y el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, también fueron incluidos en el recurso legal.
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A todos los mencionados se les acusa de infringir al menos cinco artículos de la Constitución. Se trata de las normas 1; 2; 39; 44 y 118 referidos a la protección y dignidad humana; deber de protección de la vida e integridad física y psicológica de toda persona, entre otros.
Luque Ibarra refirió que las citadas autoridades fueron denunciadas debido a los últimos acontecimientos en el país, esto es, los presuntos abusos de poder de parte de los agentes del orden (ya en investigación), en distintos puntos del país; y la intervención policial en la UNMSM, donde fueron desalojados los manifestantes que tomaron dicha casa de estudios como alojamiento.
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“A raíz de los nuevos hechos de graves vulneraciones a los derechos humanos ocurridos en Cusco, Arequipa, Puno y Lima, así como en la UNMSM, presentaremos con diversos congresistas nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte; Alberto Otárola y Vicente Romero Fernandez”, escribió la congresista a través de sus redes sociales.
En este escenario, pudo conocerse que miembros de la bancada oficialista Perú Libre (PL) también formó parte de esta iniciativa. El grupo congresal, con el que el expresidente Pedro Castillo llegó a Palacio de Gobierno, confirmó vía Twitter que integra y respalda este documento.
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“Resulta evidente que el objetivo de la PNP como había ocurrido en diciembre 2022 era obstruir las nuevas manifestaciones y reprimir la protesta social de modo inconstitucional utilizando sus armas y supuestas solicitudes para alcanzar fines ilícitos”, se lee en el texto.
Finalmente, se destaca que, para los fines policiales anteriormente mencionados, “se mancilló el honor de casi dos centenares de peruanos y se puso en riesgo su integridad”. Del mismo modo, según presume la denuncia, “se dañó de modo grave el patrimonio de la UNMSM que es la Decana de América, símbolo de la universidad pública y símbolo cultura e intelectual de nuestro país”.
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