Defensoría del Pueblo informó que el Estado peruano será evaluado por la ONU

Este 25 de enero, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Examen Periódico Universal (EPU), evaluará al Perú en el marco de la revisión periódica de la situación de los derechos humanos a los que son sometidos todos los países miembros de las Naciones Unidas.

La Defensoría del Pueblo precisó que, para este análisis, el Estado peruano tiene la oportunidad de brindar toda la información acerca de las medidas adoptadas para garantizar los derechos humanos. Esto se da a través de un diálogo interactivo que incluye comentarios, preguntas y recomendaciones formuladas por otros Estados miembros.

Si bien el Perú cuenta con el Sistema Nacional Especializado de Justicia para brindar protección a las mujeres víctimas de violencia, la Defensoría del Pueblo señaló que aún no se ha logrado establecer como sistema de gobernanza en justicia de género. “Por la indeterminación de funciones y la falta de articulación entre sus integrantes”, indicó la entidad.

Además, expresó su preocupación porque aún no se ha ordenado el financiamiento adicional requerido para el desarrollo de las labores del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

La Defensoría del Pueblo indicó que el Perú mantiene un modelo educativo que segrega a la niñez con discapacidad severa y multidiscapacidad. De otro lado, indicó que, por falta de coordinación interinstitucional y falta de presupuesto, aún se registran dificultades para brindar medidas de protección a las personas defensoras de los derechos humanos.

La entidad manifestó que espera que la delegación peruana pueda resolver de forma satisfactoria las interrogantes y recomendaciones durante el desarrollo del EPU. Asimismo, enfatizó que se deben asumir compromisos y llevarlos a la práctica en favor de los derechos humanos.

Cabe indicar que el Perú ha sido sometido a esta evaluación en los años 2008, 2012 y 2017.

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Las manifestaciones que se vienen registrando en diferentes regiones del país, así como los enfrentamientos con la Policía y actos vandálicos que han ocasionado la muerte de más de 60 personas y centenares de heridos, está siendo observado de cerca por la ONU.

En ese sentido, el secretario general, António Guterres instó a las autoridades a garantizar el respeto de os derechos humanos y a velar para que las investigaciones por las denuncias de uso excesivo de la fuerza y de violaciones de los derechos humanos se lleven a cabo de manera diligente, independiente, imparcial y transparente.

Por su parte, la misión en el Perú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) se pronunció sobre la intervención de las fuerzas policiales a la Universidad Mayor de San Marcos, donde se detuvo a más de 190 personas. “Llamamos a las autoridades a asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías de debido proceso”, expresó.

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El abogado constitucionalista Luciano López señaló que, de acuerdo al Protocolo para la Represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional (1988), incluida en la Guía Legislativa de las Convenciones y los Protocoles Universales contra el Terrorismo, elaborada por la Oficina de las Nacionales Unidas contra la Droga y el Delito, y de la que el Estado Peruano está suscrito, los intentos de toma de aeropuertos, como los registrados en las últimas semanas por parte de un grupo de manifestantes, pueden ser considerados como actos de terrorismo.

Desde el mes de diciembre, los protestantes han intentado tomar los aeropuertos de Cusco, Puno, Arequipa y Ayacucho, por lo que han tenido que suspender sus operaciones como medida de prevención. En algunos de ellos han causado daños a su infraestructura poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores y pasajeros.

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