El Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite el habeas corpus presentando en favor de los detenidos durante la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del pasado sábado 21 de enero.
La demanda se presentó con la finalidad de que se libere “inmediatamente” a estas personas, luego de reportarse que estaban detenidos bajo cuestionables condiciones. Sin embargo, con el paso de las horas se conoció que de a pocos empezaron a dejar las sedes policiales en las que permanecían.
El recurso fue formulado por los ciudadanos Juan Carlos Ruíz Molleda, Jennie Dador y Stefany Ugo Rodrigue, en representación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) contra el comandante general de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado, y el ministro del Interior, Vicente Romero.
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En el documento presentando se alega que la máxima autoridad policial y el titular del Interior cometieron “supuesto atentado contra la libertad individual - detención arbitraria y derecho a la defensa”.
Se informó que la CDDHH e IDL estarían preparando un escrito para pedir que la jueza emita un hábeas corpus innovativo, y se pronuncie aún cuando queden el libertad los detenidos, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 1 de la Ley 31307.
Con esto, buscan que la jueza Malbina Saldaña se pronuncie sobre el fondo y no declare sustracción de la materia, con la finalidad que se reconozca la detención arbitraria y ordene a la policía no volver a cometer este tipo de intervenciones, cómo garantía de no repetición.
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En las horas previas, La CNDDHH alertó que, tras 12 horas, recién “comienzan la toma de declaraciones a los detenidos arbitrariamente en San Marcos”, pese a “la presencia de adultos mayores, una mujer embarazada, una madre con su niña de 8 años”.
La Policía aclaró que son un total de 193 personas intervenidas, de las cuales 102 personas en las instalaciones de la Dirincri y otras 91 en las instalaciones de la Dirección Antiterrorista (Dircote).
Pronunciamiento de la universidad
La casa de estudios remarcó que en la denuncia se solicitó “únicamente” la liberación de las puertas tomadas; sin embargo, el 21 de enero, la Policía Nacional del Perú, en evidente uso de la fuerza, ingresó al campus universitario.
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“Sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público. Por lo tanto, denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos arbitrariamente”, señaló.
“Exhortamos a los poderes del Estado a tender puentes para solucionar la crisis política que pone en riesgo la estabilidad de todas la instituciones públicas, como actualmente padece nuestra casa de estudios y utilizar los mecanismos que la democracia permite, respetando los derechos humanos de todos nuestros ciudadanos, así como de nuestros estudiantes”, agregó.
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