
Con la credencial de ser uno de los pocos países carbono negativos del mundo, Panamá participa en la cumbre climática de Naciones Unidas, aunque enfrenta el desafío de conservar sus bosques ante el avance de la deforestación.
La delegación panameña llegó a la Conferencia de las Partes (COP31), que se celebra en Antalya, Turquía, con una agenda centrada en transformar los compromisos internacionales en acciones concretas y financiamiento climático.
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El Ministerio de Ambiente destacó que durante 2024 los bosques panameños absorbieron 23,4 millones de toneladas de CO₂ equivalente, mientras las emisiones generadas por los demás sectores alcanzaron los 18,9 millones de toneladas.
Este balance representa una absorción neta de aproximadamente 4,5 millones de toneladas de CO₂ equivalente, una condición que el Gobierno busca preservar mediante nuevas estrategias de conservación y restauración ambiental.
Sin embargo, mientras Panamá presume internacionalmente de su capacidad para absorber gases de efecto invernadero, las estadísticas nacionales revelan una preocupante pérdida de bosques asociada a distintas actividades humanas y factores ambientales.
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El Diagnóstico de Bosques y Otras Tierras Boscosas de 2023, divulgado en agosto de 2024, reveló que el país perdió 352.873 hectáreas en dos años, principalmente en Veraguas, Darién y Coclé.
Entre los factores que amenazan la cobertura forestal figuran la expansión de la frontera agrícola y ganadera, la tala ilegal, los asentamientos informales, el crecimiento urbano y los efectos del cambio climático.
La destrucción de los bosques compromete la capacidad del territorio para capturar y almacenar carbono, además de afectar la biodiversidad, las fuentes de agua y la protección de las comunidades frente a inundaciones y deslizamientos.
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Para enfrentar estos desafíos, el Gobierno impulsa el Pacto de Panamá con la Naturaleza, una estrategia que contempla restaurar 100.000 hectáreas degradadas entre 2026 y 2035, incluidas 2.500 hectáreas de manglares.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, sostuvo que preservar la condición de país carbono negativo requiere la participación de las comunidades, los productores, las universidades y las empresas en los esfuerzos de recuperación ambiental.
La amenaza persiste incluso dentro de las áreas protegidas, como evidenció un operativo realizado en marzo de 2026 en el Bosque Protector Palo Seco, donde las autoridades detectaron 20 hectáreas afectadas por actividades ilegales.
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Asimismo, el Ministerio de Ambiente identificó 30 frentes de deforestación en Darién, vinculados al acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la expansión agrícola y el comercio ilegal de madera.
En este contexto, Panamá defenderá durante la COP31 la necesidad de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, además de promover mayores compromisos internacionales en materia de adaptación y transición justa.
La delegación también impulsará una propuesta para triplicar el financiamiento destinado a la adaptación climática, mediante donaciones y créditos concesionales que faciliten la ejecución de proyectos ambientales en los países en desarrollo.

Entre las prioridades figuran el fortalecimiento del Fondo Verde para el Clima, el Fondo de Adaptación y los mecanismos internacionales destinados a atender las pérdidas y daños provocados por fenómenos climáticos.
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Panamá presentará los avances de su Plataforma Nacional de Transparencia Climática, que monitorea 21 indicadores de adaptación y otros 16 relacionados con pérdidas y daños, además de preparar un nuevo informe para Naciones Unidas.
La situación de las comunidades indígenas también ocupará un espacio en las negociaciones, particularmente después del traslado de familias de Gardi Sugdub hacia tierra firme en 2024, ante el aumento del nivel del mar.
Durante 2026, Panamá ejerce la presidencia de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), desde donde coordina las posiciones de Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Perú en las negociaciones climáticas.
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El bloque regional también cuestiona la eficiencia de las conferencias internacionales, al señalar que casi tres de cada cuatro decisiones adoptadas entre 2022 y 2025 estuvieron relacionadas con procedimientos y no con acciones climáticas sustantivas.
Pese a su condición de país carbono negativo, Panamá continúa expuesto a la erosión costera, las inundaciones y otros fenómenos climáticos, mientras la conservación de sus bosques representa un desafío para mantener ese reconocimiento internacional.
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